Si la viéramos en el cine, la política nacional sería como una película de Tarantino. Con toques esperpénticos, sin un minuto de sosiego, con diálogos a quemarropa, con mucha sangre figurada corriendo a borbotones. Y con inverosímiles giros de guión. Como que el mismo presidente, Pedro Sánchez, que se ofreció a traer a España al expresidente catalán Carles Puigdemont para responder ante la Justicia por la intentona secesionista del 1 de octubre de 2017, sea proclive a tramitar una ley de amnistía, o similar, para el prófugo y quienes perpetraron junto a él el golpe fallido contra el Estado. O como que la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, visite al fugado en Bruselas y se fotografíe junto a él deshecha en sonrisas. O que en otra pirueta, increíble pero cierta, la ministra portavoz en funciones tilde de actitud "golpista"eel llamamiento de un expresidente, José María Aznar, a que la sociedad se movilice en la calle contra la amnistía que exige el separatismo para hacer presidente a Pedro Sánchez.

Este es el punto en el que se encuentra la política española. El país se encamina a la investidura del candidato más votado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en cumplimiento del encargo constitucional del Rey, pero todo indica que está abocada al fracaso. Las decimoquintas elecciones de la democracia, con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal como cabezas de cartel, han dejado el escenario más complicado que pudiera imaginarse. La calurosa noche del 23-J, las predicciones de la mayoría de los sondeos se estrellaron contra los resultados. Es cierto que el bipartidismo –la suma de PP y de PSOE– ganó terreno por primera vez desde 2016. Que se consumó el avance del PP y que los extremos –Vox y la amalgama de Sumar– retrocedieron. Y que los separatistas, salvo la oprobiosa excepción de Bildu, sufrieron una sangría de votos, una buena parte de los cuales reforzó al socialismo en Cataluña y, por ende, al PSOE.

Pero la gobernabilidad –descartado, lamentablemente y por completo, hasta el mínimo entendimiento entre PSOE y PP– ha quedado, en la España de las paradojas, en manos del independentismo irredento y muy minoritario del prófugo Puigdemont. La cita con las urnas cambió las cosas… pero, como en la cita de Lampedusa en ‘El Gatopardo’, para que todo siguiera igual de embarullado políticamente, o más todavía.

Al día siguiente de las elecciones, la inestabilidad seguía allí. Y no parece que la media de una cita con las urnas más o menos cada año y medio vaya a dar paso a un mandato de normalidad. Ni que las turbulencias de los últimos tiempos vayan a cesar. En las legislaturas recientes hemos vivido cuatro de las seis mociones de censura presentadas en cerca de medio siglo, y también la única que triunfó –fue en 2018 y llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa–. Hemos visto el fulgor y la caída de partidos y de líderes prometedores, en una vorágine de cismas, luchas intestinas y errores de bulto, que dejaron fuera del juego político a Mariano Rajoy, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Inés Arrimadas e Iván Espinosa de los Monteros, entre otros.

Es cierto que la sociedad española se ha mostrado resistente y unida frente a una terrible pandemia y a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Que no ha sucedido, por fortuna, lo que denunciaba amargamente el escritor Manuel Chaves Nogales a cuenta de la entrega de Francia al nazismo en los años cuarenta. Chaves, que sufrió la intolerancia de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil, creía que los electores no eran mejores que los políticos; que cada uno tenía su responsabilidad en la catástrofe de rendirse al totalitarismo en cualquiera de sus formas. Por ejemplo, decía, cuando los ciudadanos buscaban salvarse "a costa de abandonar la función que tenían encomendada". Es una versión anterior, pero similar a la advertencia, tan citada con motivo, del ensayo ‘Cómo mueren las democracias’, de Lebitzky y Ziblat. Chaves advertía hace casi cien años, en la Europa arrasada por los totalitarismos: "Creemos que las grandes catástrofes de los pueblos requieren un escenario dantesco; pero lo cierto es que hoy ocurren con una normalidad preocupante". Los ensayistas actuales avisan de algo parecido: "La democracia ya no termina con un golpe militar o con una revolución, sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales como son el sistema jurídico o la prensa y la erosión global de las normas políticas tradicionales".

Suena preocupante y cercano. En la apertura del año judicial, a principios de este mes de septiembre, el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, lanzó una queja tan razonada como preocupante: "¿Puede afirmarse –dijo ante la atenta mirada del rey Felipe– que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi cinco años? ¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes según establece la Constitución, cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso?".

Vivimos en un más difícil todavía permanente, pero ahora la exigencia de amnistía, la palabra que el PSOE no nombra pero que invocan a diario sus socios, abre paso a un territorio intransitado hasta ahora. La amnistía significa el borrado de los delitos por los que el Tribunal Supremo condenó a los encausados por los graves sucesos del 1 de octubre de 2017. Supone, pues, una enmienda a la totalidad de todo el trabajo de las instituciones del Estado, a la fortaleza del derecho y la ley, base de la democracia, como defendió el jefe del Estado en su discurso de días posteriores. Una amnistía, o su remedo, declararía culpable al Estado social y democrático de derecho conformado según la Constitución de 1978.

Por eso, no solo el Partido Popular, sino socialistas de toda condición –también los "dinosaurios", como despectivamente llama al expresidente Felipe González la actual cúpula socialista–, advierten de que España, si ofrece amnistía a cambio de un puñado de votos para hacer presidente a Pedro Sánchez, entrará en un periodo deconstituyente.

Todavía hay tiempo para que el sentido de Estado y la cordura se impongan, y no se tome una decisión de tal calado a la ligera ni sin un amplio acuerdo, que hoy parece por desgracia imposible. Mientras, la sociedad española sigue cumpliendo su deber a diario y esa es la gran fortaleza y la esperanza más firme de nuestro país.

La autora

Encarna Samitier es la directora del periódico 20 Minutos.