La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a diez personas por delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental, cometidos a través de una empresa ficticia con la que consiguieron defraudar al erario público más de 19.000 euros en prestaciones por desempleo.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón, todos los detenidos (nueves hombres y una mujer) eran supuestos trabajadores de una empresa ficticia constituida en el año 2013, siendo sus dos administradores los dos principales investigados.

La investigación, por la que han sido imputadas otras dos personas, comenzaron hace dos meses a raíz de un informe de la Delegación Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza acerca de una empresa que había sido declarada ficticia por la Autoridad de Trabajo y Seguridad Social.

Los dos principales investigados eran desde el año 2013 los administradores de una supuesta empresa dedicada al ramo de la construcción, con un capital social de 500 euros.

A través de esta sociedad dieron de alta en el régimen de la Seguridad Social a un total de 10 trabajadores distintos en apenas diez meses de supuesta actividad con la única intención, al parecer, de perfeccionar periodos de carencia necesarios para el acceso a prestaciones por desempleo a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La empresa facilitó los contratos de trabajo y otra documentación necesaria, como el certificado de empresa, simulando el despido de los distintos trabajadores para que, de esta manera, pudieran acceder al cobro del paro.

Siete de estos diez trabajadores lo consiguieron, accediendo a prestaciones por valores que oscilaban desde los 1.000 a los 6.000 euros, defraudando así a las arcas del Estado, solo en prestaciones por desempleo, la cantidad de 19.353,80 euros.

Los dos socios de esta empresa mantienen una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de más de 7.400 euros.

Además, la empresa mantiene una deuda anulada con la Seguridad Social por impago de cuotas de 20.337,64 euros y se le ha impuesto una sanción por parte de la Seguridad Social de 43.757 euros.

Todo ello supone 90.895,45 euros de fraude total.

Desde comienzos de este año 2015, se han esclarecido hechos de estas mismas características que han supuesto un fraude contra las Administraciones Españolas de más de 741.000 Euros.

Las investigaciones se enmarcan en el convenio de colaboración entre los ministerios de Empleo y Seguridad Social y del Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social firmado el 30 de Abril de 2013.

Han sido desarrolladas por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (U.C.R.I.F.) de Zaragoza, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, de la Jefatura Superior de Aragón, en colaboración con la Tesorería Provincial de la Seguridad Social de Zaragoza, la Inspección Provincial de Trabajo de Zaragoza y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Según las mismas fuentes, la UCRIF manteniendo abiertas otras investigaciones similares.