La Seguridad Social pide 5 años de cárcel para un empresario que debe 1,6 millones
El acusado dice que dejó de pagar las cuotas de sus trabajadores por la crisis.
La Audiencia Provincial juzgó ayer a un empresario zaragozano para el que la Fiscalía y la Tesorería de la Seguridad Social piden cinco años y medio de prisión por un presunto impago de 1,6 millones de euros. Según las acusaciones, Daniel P.C. ha acumulado semejante deuda porque dejó de abonar las cuotas de sus trabajadores desde el año 2012. El encausado admite que debe dinero a la administración, aunque discrepa de la cantidad y la rebaja a un millón de euros. Asegura, además, que si dejó de cumplir con sus obligaciones tributarias fue por la crisis y que siempre estuvo dispuesto a negociar el pago.
"Entre 2004 y 2012, yo pagué religiosamente las cuotas de todos los empleados. Pero cuando llegó la crisis, bajaron las ventas, muchos clientes dejaron de pagar y los bancos cerraron el grifo del crédito", declaró ayer el acusado ante el tribunal de la Sección Tercera. La Fiscalía y el abogado del Estado que actúa en nombre de la Tesorería de la Seguridad Social lo vinculan con media docena de sociedades, pero el encausado aseguró ayer que solo es administrador de Franquicias Silvassa, firma dedicada a la venta al por mayor de muebles, textil y artículos de decoración y ferretería. "Con el resto solo mantengo relaciones comerciales", explicó.
Daniel P. C. mantiene que dejó de pagar las cuotas porque no tenía recursos económicos para hacerlo, pero asegura que "nunca" actuó con ánimo defraudatoria. De hecho, negó que falseara los datos sobre sus trabajadores o alterara la categoría profesional de estos para reducir la cotización. El empresario recordó, además, que todo este papeleo se lo llevaba una gestoría.
Para la Fiscalía, la cantidad defraudada entre los años 2011 y 2015 ascendería a 1.625.163,85 euros. Por ello, además de la pena de prisión, pide al tribunal que le imponga una multa del cuádruple de esta cuantía: es decir, 6.500.655,20 euros. El ministerio público también solicita que se le prohiba obtener subvenciones o ayudas públicas, así como gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años.
