La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado las medidas cautelares dispuestas por el magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, Ignacio Martínez, que investiga el desvío de 50 millones de euros en las obras de construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), contra José Luis R.C., quien está imputado por falsedad documental.

El juez había decretado la libertad provisional de José Luis R.C. en un auto del 16 de mayo pasado con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y siempre que fuera llamado, además de bloquear sus saldos, cuentas y efectos bancarios.

José Luis R.C. ha argumentado, para recurrir el auto del Juzgado número 1, que se ha vulnerado el derecho a ser informado de la acusación, señalando que la UDEF de la Policía Nacional le informó del motivo de su detención, el 15 de mayo de 2014, pero no la secretaria judicial ni el juez.

El recurrente ha considerado que las medidas cautelares corresponden a la comisión de delitos que no se le imputan, como blanqueo de capitales, lo que le genera, a su juicio, "indefensión".

La Audiencia ha señalado en un auto que el juez Ignacio Martínez ha actuado conforme a la ley al informarle de los derechos que asisten al imputado y que desde ese momento ha tenido acceso a las actuaciones judiciales que no han sido declaradas secretas, por lo que "tiene cumplido conocimiento de cuáles son los hechos que se le imputan".

No es necesario, continúa la Audiencia, que el juez haga una calificación jurídica concreta de los hechos que se atribuyen a José Luis R.C., calificación que no vincula a las acusaciones ni cierra la posibilidad de poder imputar nuevos hechos.

Hechos

Los hechos que se le imputan son la aceptación de facturas falsas emitidas por terceros contra la UTE Plaza y que no respondían a las obras realizadas a favor de la sociedad pública Plaza con el consiguiente incremento de precios en la ejecución de las obras.

La Audiencia señala que, al ser públicos los fondos de Plaza, la actuación del imputado podría vincularse en la presunta comisión de un delito de falsedad en documento mercantil para cometer un delito de malversación de caudales públicos y además podría haber cooperado en un delito de cohecho, "puesto que al parecer intervenía en la aceptación y gestión de las facturas falsas".

"Estos indicios sirven de base para la adopción de las medidas cautelares oportunas con las que garantizar la satisfacción de las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la causa y que de no adoptarse con premura se corre el riesgo de frustrar el buen fin del proceso en caso de una eventual sentencia condenatoria".