José A. G. se encuentra en búsqueda y captura después de que este martes no acudiese al juicio para el que estaba citado en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Él y su compañero Javier G. G., que sí se presentó ante el tribunal de la Sección Primera, se enfrentan a ser condenados por un delito de estafa agravada por, supuestamente, haberse apropiado del dinero que dos personas les entregaron en concepto de señal de reserva para el alquiler de dos pisos.

A pesar de que los hechos que se les imputan ocurrieron entre los pasados meses de enero y febrero, José A. G. ya no se encontraría en Zaragoza. Hasta que no se de con él y pueda sentarse frente al tribunal, no podrá resolverse el asunto. Aunque no se descarta del todo que se pueda alcanzar una conformidad -este martes se proponía un año y medio de prisión como condena- las defensas consideran que los hechos de los que se acusa a su clientes deberían se juzgados por la vía civil y no por la penal.

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El montante global de la estafa que según la Fiscalía habrían protagonizado José A. G. y Javier G. G. no es en términos generales elevada, 1.150 euros. Sin embargo, para los dos afectados sí supone una pérdida significativa. Más si se tiene en cuenta que era un dinero destinado a conseguir el alquiler de una vivienda, bien que el Código Penal califica de primera necesidad y “reconocida utilidad social”.

El primero de los hechos que se les atribuye a los encausados data del 10 de enero. Ese día entró en la inmobiliaria del barrio de Delicias en la que se encontraban los acusados uno de los dos estafados. Javier G. G. le ofreció un piso en la avenida Tenor Fleta previa entrega en efectivo en concepto de señal de 600 euros. Días después, en cambio, le comunicó que la vivienda no se podía arrendar.

El cliente solicitó entonces la devolución del dinero, a lo que Javier G. G. se negó. En ese momento fue cuando intervino José A. G. quien se comprometió a buscarle otro piso a cuenta de los 600 euros. Algo que no sucedió.

El 20 de febrero, en este caso con una clienta, la maniobra fue similar. José A. G. se puso en contacto con la mujer al enterarse de que estaba interesada en alquilar una vivienda. Se identificó como agente inmobiliario y le mostró dos pisos. A ella le convenció uno y le entregó como señal 550 euros. A partir de ahí, no ha vuelto a saber nada ni del arriendo ni del dinero.

La fiscal solicita para Javier G. G. 4 años y medio de prisión y una multa de 2.880 euros al ser reincidente por delitos de falsedad en documento, disfrute fraudulento de la seguridad social y estafa. Para José A. G. la pena sería de 3 años de cárcel y 2.160 euros de multa. No obstante, la privación de libertad puede ser sustituida por la expulsión a su país de origen, Argentina.