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Un organizador de eventos y seis de sus empleados, acusados de intentar defraudar a Hacienda cerca de 1,7 millones de euros
Entre 2010 y 2014, José Luis M. creó con gente de su confianza un entramado de sociedades con las que, según la Fiscalía, solicitó devoluciones fraudulentas de IVA obteniendo 805.326 euros.
La Audiencia Provincial de Zaragoza es el escenario desde este lunes de un juicio con siete acusados que está previsto que se desarrolle durante al menos tres días. Sobre la mesa hay un intento de fraude a la Agencia Tributaria a lo largo de los ejercicios fiscales de 2010 a 2014 a través de solicitudes fraudulentas de devoluciones de IVA. La trama solicitó a Hacienda en ese tiempo cerca de 1,7 millones de euros, de los que obtuvo 805.326.
Los nexos de unión entre los implicados son el principal acusado, José Luis M. y su empresa de eventos especializada en organización de fiestas. Ante el tribunal de la Sección Primera, cada uno de los otros seis investigados, que afirmaron no tener ninguna relación personal entre ellos, ofrecieron este lunes un relato de los hechos muy similar. Según defendieron, fueron engañados por José Luis M., que se negó a declarar. En sus versiones de los hechos el empresario les habría empleado como testaferros para crear una maraña de alrededor de 200 sociedades, las empresas a través de las que solicitaba las devoluciones a Hacienda presentando gastos falsos. Sus identidades habrían sido usurpadas para realizar las operaciones
José Luis M., cuya antaño exitosa firma no pasaba por su mejor momento, les habría propuesto por separado al resto de acusados, gente a la que había dado trabajo en empleos como bailarines y camareros, crear una o varias sociedades para abrir nuevas empresas de publicidad y eventos. A cambio, ellos tendrían una nómina, mejorarían su sueldo o incluso acabarían quedándose con el control efectivo de alguno de esos negocios. Una vez aceptaban contaron que los llevaba a notarias y gestorías de diferentes lugares de España como Madrid, Barcelona y Valencia para rubricar documentos y que también fueron a sucursales bancarias para abrir cuentas corrientes. Aunque el nombre de José Luis M. o su firma no figuraban, era él, según los relatos expuestos, quien guardaba las escrituras, cartillas, tarjetas de crédito, usuarios y claves.
Los implicados afirmaron no tener muy claro qué era lo que habían firmado. También que, una vez hechos los trámites, no volvían a tener gran conocimiento del asunto. A quienes preguntaron qué era lo que había sucedido, José Luis M. les respondía que no se habían logrado los contratos esperados. “Las empresas morirán por si solas”, afirmó que le comentó una de las investigadas. Del mismo modo, manifestaron que a lo largo del proceso no habían recibido cantidad alguna y que tampoco habían dado ninguna orden relativa a las solicitudes de las devoluciones del IVA o de transferir o hacer facturas falsas.
Los delitos que se les imputan a todos son los de fraude fiscal y, de manera alternativa, estafa. Sobre el primero existe un auto de sobreseimiento y archivo dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Zaragoza al considerar que lo defraudado individualmente por cada uno de los acusados no supera por sociedad y ejercicio los 120.000 euros. Lo recordaron al inicio del juicio la mayor parte de las defensas qué también señalaron a que la estafa habría prescrito al haberse superado los cinco años desde la comisión de ese presunto delito.
La Fiscalía solicita para José Luis M. hasta 9 años de cárcel y una indemnización a la Agencia Tributaria de 805.326,29 euros. Para el resto las penas van desde uno hasta cuatro años. Las responsabilidades civiles que se piden son de 232.535 euros para S. P. T; de 171.872 euros para S. C. C.; de 157.852 euros para J. S. A.; y de 98.543 euros para S. L. A. Las acusaciones para A. K y J. A. F. son en grado de tentativa. Junto al Ministerio Público, también ejerce la acusación la Abogacía del Estado.
