El Ayuntamiento de Zaragoza podrá castigar las noticias falsas con multas que llegarán a 100.000 euros
Ultima una pionera ordenanza en la que alterar datos del Consistorio desnaturalizando su sentido será considerado una infracción muy grave.
El Ayuntamiento de Zaragoza podrá penalizar con una sanción que llegará a los 100.000 euros la "reutilización de sus datos desnaturalizando el sentido" y, en particular, "si se hace para la elaboración y difusión de noticias o informaciones falsas o engañosas, cuyo impacto sea elevado por su naturaleza, alcance de su difusión o la vulnerabilidad de los destinatarios". Así figura en la futura ordenanza municipal de ‘Gobierno del dato’, aún en fase de elaboración, que fija procesos que serán sancionados con multas que irán de los 1.000 a los 100.000 euros en función de su graduación (leve, grave o muy grave). Para esa norma, que será pionera en todo el país, se cerró ayer el plazo de consulta pública y se encara, a partir de ahora, la recta final de un proceso que implica cambios en la gestión municipal.
La ordenanza del Gobierno del dato consta de seis capítulos que regulan las funciones de los responsables de su gestión, los criterios para inventariarlos, cómo se comparten y cuál debe ser su calidad y su ciclo de vida. Define un conjunto de estrategias organizativas y de técnicas que se deben aplicar para que los datos contribuyan a un funcionamiento eficaz de las organizaciones y que en los poderes públicos las decisiones se adopten teniéndolos en cuenta. Cuando entre vigor la norma, que será de aplicación para el Consistorio y para las entidades públicas que dependen de él, abordará todos los aspectos relacionados con la obtención, gestión y explotación de los datos, así como su apertura y reutilización por la sociedad, garantizando los derechos de los ciudadanos.
En la gestión municipal se empezará a maximizar el valor del dato en sus estrategias y se abogará por un "uso ético", evaluando los riesgos que su utilización conlleva y supervisando la presencia de sesgos que puedan ser discriminatorios. Los datos siempre estarán abiertos por defecto y se creará una unidad específica en el Ayuntamiento, con nuevos puestos y responsabilidades para la obtención, gestión, análisis y explotación de los datos.
La vigilancia de los datos
Las noticias falsas sin graves consecuencias se considerarán infracciones «graves», junto a la reutilización de un conjunto de datos cuando haya sido prohibida por el Consistorio o a su uso para fines distintos al declarado. Conllevará una multa, según figura en el borrador, irá de 10.001 a 50.000 euros.
Acarrearán sanciones leves (1.000 a 10.000 euros) la reutilización de datos incumpliendo las condiciones impuestas por la legislación o el acuerdo de exclusividad, sugerir que el Ayuntamiento participa, patrocina o interviene en la reutilización cuando este haya limitado la puesta a disposición de los últimos datos, no informar de la última actualización de unos datos reutilizados o alterar su contenido.
Este régimen sancionador se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles que conlleve y se aplicará el régimen disciplinario si la infracción se comete por parte de personal municipal.
Los derechos de las personas
Los ciudadanos tendrán derecho a acceder a la información del sector público, a participar y colaborar en el Gobierno del dato, a que se protejan sus datos personales y a que se garanticen la confidencialidad y la propiedad intelectual del secreto empresarial.
Las personas físicas y jurídicas deberán tener en todo momento el control de sus datos, dispondrán de un espacio en la sede electrónica al que podrán acceder y tendrán derecho a solicitar rectificaciones y limitaciones. En las personas jurídicas se asociarán los datos de manera obligatoria a un identificador único, el NIF. La anomización se reserva exclusivamente para los datos personales.
El Ayuntamiento impulsará la operabilidad y el uso de los datos, y podrá promover compartirlos, recopilando los que le sean cedidos altruistamente por personas físicas y jurídicas. "No será responsable", en todo caso, "de la licitud y de calidad de los datos que le hayan sido cedidos", recoge el borrador de la ordenanza.
El Consistorio tendrá que elaborar cada cuatro años un plan de Gobierno del dato con objetivos concretos, deberá definir la vida útil de los datos y elaborará, como mínimo cada dos años, un informe que resuma cómo está la situación.
Una unidad municipal específica, con personal especializado, centralizará la estrategia, que incluye un inventario de conjuntos de datos y medios para publicarlos y compartirlos. Incluso se promocionará la cultura del dato puertas adentro de la Casa Consistorial. El Ayuntamiento preparará un plan de formación y en los procesos de selección de personal se incluirán perfiles con habilidades para el gobierno, gestión, análisis y explotación de datos.
Exactitud, completitud, consistencia, credibilidad, actualidad, accesibilidad, cumplimiento, confidencialidad, eficiencia y trazabilidad son conceptos a exigir en la calidad de los datos. Algunos tendrán fecha de caducidad. El Ayuntamiento deberá fijar las condiciones de conservación y se tendrán que preservar, en especial, los datos que tengan interés científico, estadístico o histórico, y los que hayan generado derechos o sean una prueba en sí mismos.
