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El atasco de una causa durante 8 años en un juzgado de Calatayud evita la cárcel a 6 traficantes
La Fiscalía pedía 52 años de cárcel para ellos, pero las dilaciones indebidas le obligan a firmar un pacto con las defensas que los deja en la calle.
Nadie se explica por qué, pero una causa por tráfico de drogas que abrió el Juzgado de Instrucción número 1 de Calatayud en 2014 no se juzgó en la Audiencia de Zaragoza hasta ayer. Y esos ocho años de atasco le han venido muy bien a los encausados, para los que la Fiscalía pedía condenas que sumaban 52 años de prisión y que finalmente no pisarán la cárcel. La razón principal, la aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en el acuerdo que la acusación pública firmó con la defensas.
El tribunal de la Sección Tercera sentó en el banquillo a siete de los investigados, ya que dos de ellos se encuentran en rebeldía. Los hermanos Marcelino y Ramón H. N. se enfrentaban a sendas penas de cuatro años de prisión por cultivar marihuana para su posterior venta en la capital bilbilitana y los municipios del entorno. Según el Ministerio Público, con ellos colaboraban Pascual C. S. y su esposa Mirnesa H., a los que también se intervinieron varias plantas de cannabis en su vivienda de Ibdes y para los que se pedían penas de ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente.
De este grupo criminal formaban también parte Gael M. G., quien igualmente cultivaba marihuana en un invernadero indoor. Para él se pedían 4 años de prisión, lo mismo que para su madre, a la que la Fiscalía acabó retirando ayer los cargos. El acuerdo afecta también a Daniel G. L., que se enfrentaba a diez años de cárcel; y a Aránzazu R. A., para la que pedían cuatro años.
La conformidad de las partes sirvió para dictar una sentencia en la que los seis acusados que acudieron a la vista serán condenados por delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal a sendas penas de nueve meses de prisión y al pago de distintas multas: la más alta, de 10.000 euros, y las más baja, de 1.450. La Fiscalía no se opuso a la suspensión de dichas penas, por lo que ninguno acabará en una celda del centro penitenciario de Zuera.
