tribunales
Un constructor de Zaragoza, condenado a tres años de cárcel por una obra chapucera
La Audiencia de Zaragoza le condena por engañar a un juez y llevar a la práctica un plan para no indemnizar a los clientes afectados.
El chapucero arreglo de una fuente ornamental que estaba provocando filtraciones en el garaje subterráneo de una comunidad de propietarios de Zaragoza le ha acabado costando tres años de prisión y 4.320 euros en multas a un constructor de Pastriz. La Audiencia Provincial no condena a Ismael G. G. por la «muy deficiente» forma en que ejecutó los trabajos de impermeabilización, sino por un delito de estafa procesal y otro de alzamiento de bienes. O lo que es lo mismo, por engañar a un juez para frenar el embargo de sus bienes y ganar tiempo para vaciar sus cuentas. Su objetivo, hacerse pasar por insolvente para no tener que indemnizar con 25.196 euros al cliente por su defectuosa reforma.
Los hechos se produjeron en 2017, cuando la junta de propietarios del garaje de dos edificios sitos en el paseo de Sagasta y la Calle de Bolonia decidió contratar al encausado para solucionar su problema de filtraciones. Pero el resultado no fue ni mucho menos el esperado y al no alcanzar un acuerdo con el reformista, la comunidad de propietarios optó por acudir a la justicia civil para reclamar la devolución del dinero abonado por la obra. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 14 le dio la razón, resolución que confirmó después la Audiencia Provincial en 2014.
Ante el impago de la indemnización, los afectados se vieron obligados a exigir la ejecución de la sentencia y el embargo de los bienes del acusado. Y según el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza, fue entonces cuando Ismael G. G. puso en práctica el plan que ahora podría llevarlo a prisión. Porque la sentencia todavía no es firme, y el abogado de la defensa, Javier Osés, ya ha anunciado su intención de impugnarla ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Sacó más de 80.000 euros
Los magistrados consideran probado que el investigado «a sabiendas de que no era verdad, y con intención de inducir a error al juez y de causar un perjuicio a los acreedores» presentó un escrito ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza anunciando que había iniciado negociaciones para saldar su deuda a través de un acuerdo extrajudicial.
Con esta mendaz estrategia –que el constructor atribuyó en el juicio a su anterior abogado–, el acusado logró paralizar el embargo de sus propiedades, ya que el juzgado le dio un plazo de seis meses para negociar con sus acreedores. Sin embargo, como explica ahora el tribunal en su sentencia, lo que en realidad hizo el reformista fue aprovechar este tiempo para sacar más de 80.000 euros de las cuentas de su empresa.
Durante la vista, Ismael G. G. trató de justificar aquella importante retirada de efectivo diciendo que él había hecho un préstamo personal a su sociedad –para el abono de gastos corrientes, seguridad social, nóminas...–, y simplemente se había limitado a pagarse a sí mismo la deuda. Sin embargo, nada acredita su versión, ya que el tribunal no ha encontrado ni contrato de préstamo, ni soporte en la contabilidad ni documentación alguna.
