Una mujer, de profesión dependienta de una panadería, que ejerció durante ocho años como tesorera de la Asociación de Madres y Padres (Ampa) del colegio público al que iban sus dos hijas, admitió este martes  que es "posible" que se apropiara de 37.815 euros a lo largo de ese tiempo. Esa falta de contundencia en su afirmación viene dada por que ni ella misma sabe cuánto dinero fue sisando entre 2013 y 2021, mientras ejerció ese cargo.

"Puede que entre 2.500 y 3.000 euros al año", declaró ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Zaragoza, con lo que dando por buena la cifra más alta el resultado sería 24.000. A pesar de ese cálculo, la acusada Pilar B., antes de ser denunciada, devolvió al colegio 29.438 euros. Y, según sus cuentas y las de su abogada defensora, Carmen Esteban, faltarían "entre 5.000 y 10.000 euros". La letrada entiende que su clienta no llegó a cometer ningún delito porque "no tenía ningún ánimo de perjudicar" al Ampa y devolvía las cantidades de las que se había apropiado "en la medida que le era posible".

La justificación que dio a su conducta fue su compleja situación económica y familiar y las elevadas deudas que hacían imposible el mantenimiento de su familia. Ella trabajaba solo 15 horas y aunque su marido lo hacía a tiempo completo no podían cubrir las necesidades médicas especiales que tenían sus dos hijas. Esto le llevó a disponer de dinero de las cuentas del Ampa, pero su intención, dijo, era devolverlas. Reconoció que la bola se fue haciendo más grande y que, al final, decidió contarlo. "No me pillaron, lo dije yo a la directiva", manifestó. Añadió que en marzo de 2021 reunió 29.438 euros entre sus familiares y los devolvió a la Ampa, que la denunció cuatro meses después.

Los peritos comprobaron que la imputada domicilió recibos personales de gimnasio, actividades escolares de sus hijas, gastos de teléfono y médicos por importe de unos 2.070 euros.  Su defensa, no obstante, lo justificó diciendo que fueron los proveedores quiénes los cobraron porque en su cuenta no había saldo y añadió que devolvió esas cantidades mediante un ingreso. 

Te puede interesar

Logran que un joven vaya 5 años a prisión pero no recuperarán el casi medio millón que les estafó

Piden 15 años de cárcel para un profesor de inglés acusado de abusar de 3 niñas en Zaragoza

No comparten su criterio ni la Fiscalía ni la acusación particular, ejercida por la abogada Sonia Calvete en nombre el colegio público José Camón Aznar. La representante del Ministerio Público hace cálculos diferentes, eleva la cuantía expoliada a 89.704 euros y solicita para Pilar B. R. cuatro años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. 

Además, la acusa de falsificar la firma de la secretaria del Ampa en 171 cheques y pide otros dos años y medio de cárcel, además de multas. No obstante, valora positivamente la devolución que hizo de parte del dinero y solicita al tribunal que le aplique la atenuante de reparación del daño. 

Tanto la fiscal como la acusación particular –que reclama 10 años de cárcel sin atenuante de ningún tipo– consideran que Pilar B. R., como tesorera, disponía de firma autorizada para dos cuentas de la asociación en Bantierra. Bien mediante cheques al portador o quedándose dinero en metálico de la caja, estiman que la imputada pudo hacerse con más de 89.000 euros. Mantienen ambas que los cheques no correspondían a ninguna adquisición de bien o servicio por la Ampa. También que, además de su firma, Pilar B. R. hacía un garabato simulando ser la de la madre que ocupó hasta 2016 el cargo de la secretaria de la asociación.

Te puede interesar

Bebido, drogado y dormido al volante: el colocón le sale caro a un taxista de Zaragoza

Bebiendo whisky y amenazando con provocar un incendio a bordo, así fue la detención del pasajero del vuelo Madrid-Cancún

Respecto al dinero que podía coger de la caja que se guardaba en el despacho, indicaron que no llevaba un control de la misma y que las entradas y salidas del libro de caja no coincidían. 

En cuanto a la rendición anual de cuentas, Pilar B. R. admitió que presentaba dos hojas, una con ingresos y otra con gastos, que la junta aprobaba sin comprobar. "Yo intentaba ocultar lo que estaba haciendo", reconoció la mujer.  

Las acusaciones se apoyan en un informe pericial que la defensa cuestiona por su, a su juicio, "poca fiabilidad". Alega que no hay justificantes de gastos y que fijan una cifra haciendo "meras suposiciones erróneas" extrapolando datos de otros años. "Nadie, ni ella misma, puede saber con certeza a cuanto ascendió lo sustraído; pero entendemos que el máximo podría ser 37.815 euros", dijo la letrada.