La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer a un septuagenario acusado de abusar sexualmente de su nieta, la cual tiene una discapacidad mental. El hombre negó haber cometido tales abusos, pero tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para él penas de cuatro y seis años de prisión, respectivamente.

El juicio se celebró a puerta cerrada debido precisamente a que la víctima es menor de edad y discapacitada y fue solicitado expresamente por su familia.

Los hechos por los que fue denunciado ocurrieron el 30 de octubre de 2021. El acusado, cuya identidad y origen se omite para preservar la de la chica, reside en un pueblo de la provincia de Huesca, pero ese día se trasladó a Zaragoza para llevar a la menor, que entonces tenía 15 años, a su hermano pequeño y a un primo de ambos al circo que todavía estaba montado en la capital aragonesa tras las Fiestas del Pilar.

Al parecer, mientras estaban viendo el espectáculo, el acusado comenzó a manosear a la adolescente de tal manera que llamó la atención de una mujer que estaba cerca y que le pareció que lo que estaba haciendo iba más allá de un contacto afectuoso y suponía un abuso sexual y lo denunció ante la Policía. Como tal agresión han considerado sus actos la acusación pública y la particular, a cargo de la abogada Rebeca Fatás.

Además de las penas de prisión, solicitan una indemnización en concepto de responsabilidad civil por los daños y secuelas psicológicas causados a la menor. Desde que sucedieron los hechos, la adolescente rehúye el contacto físico, no quiere que la vean cuando se cambia de ropa y ha perdido la confianza en otras personas. Como suele ser habitual, los abusos sexuales a menores de edad y personas vulnerables se producen frecuentemente o en el ámbito familiar o en el entorno cercano a la víctima.

Tanto la psicóloga Cristina Andreu como la trabajadora social, Elena Roales, que hicieron los respectivos informes periciales sobre el estado de la menor, las consecuencias y la veracidad de su testimonio, le otorgan total credibilidad.

Según pudo saber este diario, Cuando el acusado fue denunciado se le impuso una orden de prohibición de comunicación alejamiento de la menor de 200 metros, algo que presuntamente incumplió en diciembre de 2022. No obstante, el quebrantamiento de esta medida se está instruyendo y está pendiente de ser juzgado.