Juzgado un policía local que puso una cámara en el vestuario de unos monitores de natación en Zaragoza

Un agente de la Policía Local de un municipio de la provincia de  Zaragoza que trabajaba también como entrenador de natación en el polideportivo San Agustín de la capital aragonesa se sentó este martes en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito contra la intimidad. Concretamente, por colocar una cámara GoPro de su propia indumentaria policial en un cuarto que se usaba como almacén de material de piscina y limpieza, pero también como vestuario de los entrenadores y monitores de natación.

El motivo, según declaró ayer el propio acusado, I. C. M., era descubrir a la persona que estaba hurtando en las pertenencias que allí depositaban, puesto que a él le habían sustraído 200 euros recientemente. El encausado rechazó que tuviera cualquier ánimo libidinoso en las imágenes que captaba y tenía el objetivo dirigido a su mochila. "Cada día revisaba si me faltaba dinero y, si no era así, borraba lo grabado y reseteaba la cámara", afirmó. En todo caso, matizó que los monitores y entrenadores solo se cambiaban allí de "camiseta" y nunca se desnudaban.

Esta afirmación, sin embargo, fue puesta en entredicho por el resto de sus compañeros, cinco en total –tres mujeres y dos varones–, que testificaron que esa dependencia, aunque no era la adecuada como vestuario, era la que les facilitó la Asociación Polideportivo San Agustín, gestora de las instalaciones, cuando empezaron a trabajar.

"El primer día te dan una llave para acceder a ese cuarto en el que había perchas y bancos. Desde allí se salía a la piscina. No teníamos vestuario laboral y aunque podíamos utilizar los de los usuarios y las taquillas, nos era más cómodo y no parecía lo normal cambiarnos con los niños que entrenábamos", señaló una de las monitoras, en el mismo sentido que el resto. Relataron que, además de la puerta con llave, tenía otras dos que se abrían empujando. "Pero siempre que entrábamos preguntábamos en voz alta si había alguien cambiándose", subrayaron.

Las defensas del acusado y de la asociación, como responsable civil, hicieron hincapié en que a ese 'almacén' accedía también personal de mantenimiento y que no era un espacio reservado. Sin embargo, las acusaciones incidieron en que, si bien no era como tal un vestuario sí hacía las veces y, sobre todo, el acusado sí que lo sabía porque él mismo lo usaba para cambiarse, como el resto de sus compañeros.

El gerente guardó la tarjeta de la cámara

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El hallazgo de la cámara se produjo el 17 de abril de 2018. A una de las monitoras le llamó la atención un destello procedente de una mochila y, tras avisar a un compañero, comprobaron que se trataba de una pequeña cámara que estaba grabando. Su reacción fue llamar al coordinador, quien poco después acudió al cuarto con un miembro de la junta directiva de la asociación. Estas dos personas cogieron la tarjeta de la cámara y la llevaron al despacho del gerente quien, según declaró, la guardó en la caja fuerte. La cámara se la devolvieron al entrenador y en ningún momento avisaron a la Policía Nacional.

Los tres responsables testificaron que nunca llegaron a ver los vídeos, pero los denunciantes –tres mujeres y un hombre– manifestaron lo contrario, a tenor de los comentarios que le hizo después el coordinador. Los cuatro declararon que se fueron entrevistando con esta persona y a  cada uno les dijo si salía o no en las imágenes y de qué manera.

En un principio, los monitores afectados confiaron en que la asociación denunciara los hechos, pero no fue así. "Nos dijeron que no iban a hacerlo, que ahí no había pasado nada y que si lo contábamos tomarían represalias", aseguró una de ellas. Pero, al final, se presentaron en comisaría y denunciaron lo ocurrido.

A partir de ahí, los empleados describen situaciones de "acoso laboral" que terminaron con la baja psicológica de dos de ellas, una de las cuales se despidió cuatro meses después. Un tercero también se fue voluntariamente en diciembre de 2018 cuando encontró otro trabajo. "¿Pero usted no cogió la baja, no?", le preguntó la defensa. "No, porque tenía una niña pequeña, mi mujer estaba embarazada y no podía permitírmelo. Yo me tuve que comer mi mierda y seguir", declaró.

Otra joven aseguró que ya "no pudo más" y que, tras sufrir el acoso de su responsable y de ver cómo habían expandido el rumor de que todo era "mentira", que se lo habían "inventado" y la cámara "no existía", se marchó a pesar de tener una hipoteca que pagar. Igual se pronunció una trabajadora con 30 años de antigüedad que estuvo de baja más de un año.

Tras la denuncia de los empleados, la Policía llamó al gerente a declarar y le exigió que le entregara la tarjeta. Los agentes recuperaron un vídeo y comprobaron que otros habían sido borrados, aunque se desconoce por quién. La acusación pide la responsabilidad civil a la asociación por daños morales a las trabajadoras.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de un año y medio de prisión por un delito contra la intimidad. La acusación particular, por su parte, califica los hechos como cuatro delitos, pues son cuatro los denunciantes, y solicita ocho años de cárcel (dos por cada uno de ellos) además de la inhabilitación del acusado. En cuanto a la Responsabilidad civil, las acusaciones piden una indemnización para dos de las afectadas que estuvieron de baja por daños psicológicos que el fiscal valora en 10.000 euros para cada una. Las defensas, por su parte, plantean la absolución.