Azcón y Chueca quieren enterrar en su primera bilateral la etapa de conflictos con Lambán
La financiación, la vivienda y el vertedero marcan la agenda del Ayuntamiento y la DGA.
El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón quieren enterrar la etapa de confrontación vivida durante el Ejecutivo socialista de Javier Lambán, especialmente en los dos últimos años, y abrir un tiempo de normalidad y colaboración. Este es el principal objetivo que se han fijado las dos administraciones más importantes de Aragón de cara a su primer consejo bilateral, que tendrá sobre la mesa un largo listado de asuntos de interés mutuo.
La coincidencia del signo político de las dos instituciones y la experiencia del actual presidente, Jorge Azcón, como alcalde suscitan expectativas de acuerdo. Pero la situación de la administración autonómica, en pleno rodaje tras acceder el nuevo gobierno la semana pasada, las limitaciones económicas y la necesidad de mantener el equilibrio territorial, pueden enfriar las aspiraciones del Ayuntamiento de Zaragoza.
El jefe del Ejecutivo dijo hace unos días al ser preguntado por la capital: "Somos la única comunidad autónoma que tiene tres alcaldesas en las tres capitales de provincia y el Gobierno de Aragón va a colaborar lealmente con ellas. No habrá ningún proyecto que se impulse que no se haya dialogado previamente con los ayuntamientos".
A favor de Zaragoza
Chueca es más entusiasta. "Tenemos un presidente que trabaja en colaboración con el Ayuntamiento y a favor de los zaragozanos, a diferencia de lo que ocurrió en los cuatro años anteriores, con un presidente que hacía políticas anti-Zaragoza", dijo el jueves. Confía en que la bilateral tenga lugar a finales de septiembre, aunque fuentes consultadas indicaron que ese es el escenario más optimista.
Al margen de las fechas, esta próxima semana comenzarán los contactos de las dos administraciones para perfilar un orden del día. A la espera del trabajo preparatorio, Chueca ya empezó a poner sobre la mesa algunos de los asuntos clave, como la financiación y la vivienda, dos clásicos en las relaciones bilaterales.
Respecto a la financiación, los problemas son múltiples y requerirán de más de una bilateral para su resolución. Lo más inmediato es atender los pleitos pendientes, como las discrepancias por el cumplimiento del convenio. Ya el pasado mes de julio el Ayuntamiento interpuso un contencioso-administrativo por 5,6 millones de euros. El Ejecutivo de Lambán sostenía que las competencias impropias estaban dentro del fondo incondicionado de 20 millones que recibía el Consistorio. Este recurso se suma a otro que presentó la ciudad en 2022 por valor de 5,9 millones.
Además hubo una fuerte oposición del entonces alcalde Azcón a la ley de financiación municipal aprobada por la DGA, porque según su opinión recortaba fondos a la ciudad, al eliminar el sistema de actualización del fondo de capitalidad que existe en la actualidad. Está por ver qué hará ahora.
El Ayuntamiento quiere analizar la situación en la que se encuentran las competencias impropias, como la mejora de la financiación del servicio de ayuda a domicilio o las escuelas de música y danza. También se quiere abordar cómo entran las escuelas infantiles municipales en el plan de gratuidad de la educación de 0 a 3 años que quiere promover Azcón.
Permuta pendiente
Otros asuntos determinantes serán los que afectan al nuevo consejero de Fomento, Octavio López, que fue jefe de gabinete de Azcón en el Ayuntamiento y conoce bien la administración municipal. Las dos instituciones tendrán que resolver el conflicto de la calle de Embarcadero, que está en los tribunales por la negativa del Ayuntamiento a aprobar un plan con 111 viviendas por ser rechazado por los vecinos. La pasada legislatura se planteó una permuta como solución, pero no prosperó por el enfrentamiento institucional entre Azcón y Lambán.
También está por ver si las dos administraciones son capaces de llegar a acuerdos para promover vivienda pública de alquiler, dado que se da por hecho que el Ejecutivo de Azcón descartará el principal proyecto que había puesto en marcha su antecesor: la reconversión de tres de los cinco ‘cacahuetes’ de la Expo en pisos de alquiler asequible para jóvenes.
No es el único asunto pendiente. Fuentes municipales explicaron que habrá que buscar soluciones para resolver las carencias de grandes parcelas de suelo público para captar nuevas industrias y compañías logísticas. Durante la pasada legislatura, el Ayuntamiento fue excluido por parte de la DGA de toda la estrategia autonómica de captación de empresas.
Igualmente habrá que ver si la DGA financia la segunda fase del sellado del vertedero. En este caso, como en el de la activación de planes de vivienda, la colaboración a la hora de captar fondos europeos puede ser crucial. En materia medioambiental, el Ayuntamiento ha exigido acuerdos sobre el destino de los ingresos que se obtienen en Zaragoza del impuesto de residuos (unos 5 millones) o del plan de depuración autonómico, que viene excluyendo desde hace años a la ciudad de las inversiones pese a que los zaragozanos aportan la mitad de la financiación del sistema a través del Impuesto Medioambiental de las Aguas Residuales (IMAR).
Grandes proyectos
Por último, están los grandes proyectos, como la nueva Romareda. El Consistorio espera que la DGA complete la tramitación de la cesión de una superficie de acera que el Ejecutivo socialista reclamó como suya en pleno proceso de tramitación del estadio. Además, Azcón dejó caer la posibilidad de que el proyecto sea declarado de interés general de Aragón, lo que aligeraría algunos trámites y daría ventajas fiscales. Sería un gesto sobre todo político, después de las trabas que puso la DGAde Lambán a la nueva Romareda.
Finalmente, queda por saber el grado de participación de la DGA en el proyecto de Chueca de la Ciudad del Deporte, previsto en el Parking Norte del Actur. El terreno no solo es de propiedad autonómica, sino que el presupuesto es elevadísimo. En campaña, Azcón garantizó la cesión del suelo. Ahora llega el momento de cumplir.
El futuro del María Zambrano, pendiente de informes
Una de las cuestiones bilaterales más urgentes que deben resolver el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón es el futuro del colegio María Zambrano, que se vio gravemente afectado por la riada que causó la fuerte tormenta que cayó en Zaragoza el pasado 6 de julio. El centro está en plenas obras de reparación para poder estar listo para el inicio de curso el 7 de septiembre.
La DGA permanece a la espera de que el Ayuntamiento finalice los informes técnicos que deben determinar la situación en la que queda el colegio y las medidas paliativas que se deben poner en marcha para que no se repita lo ocurrido. Una vez terminado ese informe, la DGA deberá decidir si construye un nuevo centro en otra zona del barrio, donde no haya riesgos. Fuentes municipales consideran que sería posible hacer una modificación rápida del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para habilitar una nueva parcela.
