tribunales
Una pareja de Zaragoza denuncia una estafa tras saber que la casa que compró no está a su nombre
Una jueza investiga a la inmobiliaria que intermedió en la operación, ya que los justificantes de pago y registros que facilitó a los compradores parecen ser falsos.
Una pareja de Zaragoza se llevó hace unas semanas el susto de su vida. A través de un escrito oficial, la Sección de Tributos del Gobierno aragonés les comunicaba que no habían abonado los casi 7.000 euros del impuesto de transmisiones por la vivienda que habían comprado el verano pasado en Fuentes de Ebro. No entendían qué estaba pasando, ya que ellos habían entregado ese dinero a la inmobiliaria que intermedió en la operación y esta les remitió los justificantes oficiales de pago. Para su sorpresa, cuando acudieron al registro de la propiedad a comprobar si todo estaba en orden les informaron que la finca ni siquiera figuraba a su nombre. Y ahí comenzó su pesadilla.
Como no podía ser de otra forma, el asunto ha acabado en los tribunales, puesto que el matrimonio ha presentado una querella por presuntos delitos de estafa o apropiación indebida contra la franquicia inmobiliaria que gestionó la compra de su casa, a la que también atribuye un supuesto delito de falsificación documental. Y lo hace porque cuando se reunieron con los técnicos de la DGA para enseñarles las escrituras y sus sellos oficiales, les aseguraron que eran falsos.
Para colmo, cuando la pareja se puso en contacto con el responsable de la agencia inmobiliaria para exigirle explicaciones, parece que este achacó lo ocurrido a algún subordinado y les remitió vía móvil un justificante de la devolución del dinero por transferencia bancaria. Justificante que también resultó ser falso, por lo que se aportó junto con el resto de documentación a la querella que hace unos días admitió a trámite el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza.
Desde que descubrió el engaño, al matrimonio le cuesta conciliar el sueño. Compraron la vivienda "con toda la ilusión del mundo", y ahora se han visto abocados a un abismo judicial que no saben cómo puede acabar. Porque pagaron 72.000 euros por una finca que sigue sin figurar como suya en el registro de la propiedad de Pina de Ebro. Y abonaron 6.660 más para costear el impuesto de transmisiones patrimoniales, así como los gastos de notario y registro de la propiedad. Dinero que ahora la DGA les vuelve a exigir con intereses, aunque excusándoles del recargo que les correspondería, dada la estafa de la que parecen haber sido víctimas.
La DGA abre una investigación
Por ahora, esta pareja ha ejercido las acciones judiciales en solitario de la mano del letrado José María Lumbreras. Pero se entrevistaron con los representantes de la administración autonómica que llevan su expediente y les informaron que habían detectado otros casos similares y que presuntamente afectarían a la misma agencia inmobiliaria, ubicada en el barrio de San José. Por ello, creen que la querella que ellos interpusieron el pasado mes de junio no será finalmente la única.
La investigación se encuentra en una fase incipiente y la magistrada todavía no ha empezado a tomar declaraciones. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario aseguran que la Policía Nacional podría haber empezado también a hacer pesquisas, por si estos casos fueran solo la punta de lanza de un entramado delictivo más complejo.
Por el momento, los querellantes solo confían en que su particular pesadilla se resuelva pronto. Es decir, en recuperar su dinero y conseguir que la finca en la que invirtieron sus ahorros conste en todos los registros como suya.
"No es un caso aislado, podría haber muchos más afectados"
Lumbreras ha lanzado este mensaje: "Después de todo esto, estoy convencido de que hay más gente que cree tener todos los papeles de su casa en regla y puede llevarse una desagradable sorpresa". A modo de consejo, el letrado ha recomendado acudir al registro de la propiedad y pedir una nota simple de la finca para saber quién es el titular y si arrastra algún tipo de carga. "Estamos hablando de un trámite que cuesta menos de 10 euros y que puede resultar esencial. Porque si todo está en orden, el posible afectado podrá dormir tranquilo. Y si desgraciadamente no fuera así, sabría que tiene que buscar asesoramiento legal", ha señalado.
Como recordaba Lumbreras, el propio Servicio de Tributos del Gobierno aragonés habría detectado que el de sus clientes no es un caso aislado. "Por lo que habrá que ver cuántas personas se han visto afectadas finalmente", ha apostillado.
El no haber llevado a cabo el cambio de titularidad de una propiedad inmobiliaria puede suponer un importante contratiempo en el caso de que el anterior dueño fuera objeto de algún embargo.
