El Supremo zanja la polémica sobre los antiguos juzgados y obliga a la DGA a pagar 4,1 millones de euros
El Alto Tribunal inadmite el recurso de casación presentado por el ejecutivo de Lambán en 2022. El Gobierno de Aragón tendrá tres meses para negociar un plan de pagos con el Ayuntamiento.
El Tribunal Supremo ha zanjado la polémica sobre los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. El Gobierno de Aragón tendrá que pagar al Ayuntamiento de Zaragoza 4,1 millones de euros tras inadmitirse su recurso de casación, una resolución "en firme" que también impone las costas procesales –2.000 euros más IVA– al Ejecutivo autonómico.
El Alto Tribunal comunicará ahora su decisión al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para que este declare firme la sentencia. Entonces se abrirá un plazo de tres meses para que el Gobierno aragonés pague los 4.182.909,89 euros que se le reclaman. No obstante, las partes podrían llegar antes a un acuerdo y establecer un plan de pagos, una fórmula a la que ya se ha recurrido en otras ocasiones.
Inicialmente, el TSJA obligó al ejecutivo de Javier Lambán a abonar 4.202.155,77 euros, una suma que corrigió en julio de 2022 tras una aclaración de la sentencia solicitada por la letrada del Gobierno de Aragón. El fallo original confundía la suma relativa al valor del metro cuadrado construido sobre rasante, "que no es de 1.965,61 euros/m2 sino de 1.956,61", de ahí la diferencia.
El ejecutivo autonómico anunció ya en octubre de 2022 su intención de recurrir en casación, una decisión que avivó la tensión entre el Pignatelli y la plaza del Pilar –marcada por otros conflictos como el pago de la deuda del tranvía y el "bloqueo" de expedientes urbanísticos como el de la calle del Embarcadero–, ya que solo una semana antes, el ahora presidente de Aragón en funciones, Javier Lambán, había enviado una carta al entonces alcalde, Jorge Azcón, instando a "llegar a un acuerdo" para evitar que los aragoneses terminasen pagando las consecuencias del conflicto.
La Sección Primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que el recurso presentado por el Gobierno aragonés carece de "fundamentación suficiente", y que el desarrollo argumental de los artículos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa a la que hace referencia, donde se establecen los supuestos en los que existe un interés casacional objetivo, es "insuficiente".
La providencia, fechada el 22 de junio, ha sido trasladada ya a las partes. Desde el Gobierno de Aragón, actualmente en funciones, declinaron hacer declaraciones, ya que, como recordaron, será el ejecutivo que lidere Jorge Azcón el que deba negociar con el gobierno de Natalia Chueca y tomar las decisiones que correspondan.
![Vecinos del edificio derrumbado en Teruel junto a los escombros_2. Foto Antonio Garcia Bykofoto 14 07 23[[[FOTOGRAFOS]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/uploads/imagenes/2023/07/16/vecinos-del-edificio-derrumbado-en-teruel-junto-a-los-escombros-2-foto-antonio-garcia-bykofoto-14-07-23-fotografos.jpeg)
Un conflicto enquistado
La polémica tiene su origen hace ya más de diez años, convirtiéndose en uno de los conflictos más enquistados entre ambas instituciones. La construcción de los antiguos juzgados fue posible gracias a la cesión al Estado, por parte del Consistorio, de una finca de más de 1.900 metros cuadrados en 1956, así como de otras dos parcelas que sumaban otros 1.030 treinta años más tarde.
En 2007, el Gobierno central transfirió el inmueble al ejecutivo autonómico como parte del traspaso de las competencias en materia de Justicia a la Comunidad. Pero años después, los juzgados se trasladaron al recinto Expo, lo que hizo que el edificio perdiera su función original.
La DGA optó entonces por ubicar en la parte ampliada como consecuencia de la cesión de 1986 sus Servicios Sociales, llevando hasta allí la sede del IASS. Su intención era negociar un uso compartido o una compensación en favor de la capital, pero ante la falta de acuerdo, el gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) decidió llevar el asunto a los tribunales.
Ya en 2022, el TSJA estimó parcialmente el recurso del Consistorio y concluyó que al no resultar factible la reversión material de los terrenos, correspondía una compensación económica, motivo por el que condenó al Gobierno aragonés a pagar 4,2 millones de euros.
Sin embargo, desde el Pignatelli no entendieron que la única alternativa fuera una indemnización, ya que esta fórmula "descartaba la posibilidad de explorar otras opciones que pudieran satisfacer a las dos partes". Consideraban, asimismo, que la sentencia incluía el valor de la edificación, que fue sufragada por la DGA, lo que implicaba "pagar dos veces por la misma obra", de ahí que recurrieran en casación.
Solo por los últimos litigios, entre los que destaca el de la deuda de la línea 1 del tranvía, el Ejecutivo autonómico ha tenido que pagar al Ayuntamiento de Zaragoza más de 30 millones.
