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medio ambiente

Los pueblos del Manubles siguen luchando para evitar la ampliación de la mina de Borobia

Consistorios y asociaciones recurren la decisión de la Junta de Castilla y León que no los considera parte afectada.

Imagen aportada por la plataforma de las máquinas trabajando en la Mina de Borobia
Imagen aportada por la plataforma de las máquinas trabajando en la Mina de Borobia
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Ayuntamientos y asociaciones de la ribera del río Manubles, pertenecientes a la Comunidad de Calatayud, siguen adelante en su oposición a la ampliación de la mina de Borobia, en la vecina provincia de Soria. Así, este pasado jueves se registró el recurso de alzada de la entidad ‘¿Por qué no en Torrijo?’ contra la decisión de la Junta de Castilla y León de dejar fuera a los consistorios y organizaciones del proceso de alegaciones al decir que no quedaba acreditado que fueran parte interesada en el proceso abierto por el aumento de superficie de la explotación y su actividad. También está presentada la de los consistorios.

En el caso de la organización torrijana, consideran que la resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria «no es conforme a derecho». Para ello argumentan que una declaración de impacto ambiental favorable «afectaría tanto en cantidad como en calidad al agua de boca» del pueblo, lo que a su juicio encaja con la definición de afectados a sus derechos e intereses que aparece en la ley de Procedimiento Administrativo de 2015.

Sostienen que la entidad «no tiene solo un mero interés legal» sino que tiene un «interés legítimo», porque del Manubles depende la viabilidad y supervivencia de todos los municipios por los que discurre, desde las localidades sorianas de Borobia y Ciria hasta Torrelapaja, Berdejo, Villalengua, Moros y Ateca.

También valoran que «la explotación minera no va a desarrollar una actividad que se circunscriba exclusivamente a la zona de explotación» y que sus reclamaciones son «muy meditadas, concretas y precisas, obtenidas de la lectura detallada del estudio de impacto ambiental, avaladas por especialistas».

A su vez recuerdan que en mayo de 2017, la Confederación Hidrográfica del Ebro, a instancias de esta entidad a la que consideró parte interesada, inició un procedimiento sancionador contra Magnesitas y Dolomías de Borobia por un vertido ilegal al Manubles.

Por parte de los consistorios de la zona, el abogado José Manuel Marraco, ha sustentado la reclamación en recordar que «la legitimación que nos dan los tribunales no nos la puede quitar la administración». Se refiere a los pleitos en los que los ayuntamientos han intervenido sin ningún reparo por parte de los magistrados sobre su condición como interesados. «Hay una cosa que se llama transparencia y acceso a la información que la Junta debería tener en cuenta», incide Marraco.

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