sucesos
Los padres de un joven atropellado en Zaragoza logran que su muerte se juzgue como un crimen
Será la primera vez en la capital aragonesa que un conductor se enfrente a un juicio con jurado popular y a una pena de más de 10 años de cárcel.
La diferencia entre un homicidio por imprudencia y uno doloso radica en la intención o no del autor de causar un daño. Los primeros se sancionan como accidentes, lo que hace que la pena de cárcel no supere nunca los cuatro años. Como no podría ser de otra manera, el reproche penal de los segundos es mayor y contempla condenas de entre diez a quince años. Y ese es el castigo que podría recaer sobre Luigi Anthony V. M., el conductor ebrio que se dio a la fuga tras atropellar y causar la muerte de un joven de 18 años a la salida de la discoteca Supernova de Zaragoza.
El caso comenzó a tramitarse en los juzgados como otro desgraciado accidente de circulación, pero el empeño de los padres del fallecido y sus respectivos abogados hará que termine juzgándose como si de un posible crimen se tratara. De hecho, será la primera vez en Zaragoza que un conductor responda por la muerte de un peatón ante un jurado popular y no ante un juez o tribunal profesional.
Para ello, las acusaciones particulares han tenido que demostrar que existen indicios de que el investigado, de 28 años y origen italiano, podría haber atropellado al joven no de forma accidental sino deliberada. O al menos, consciente de que al arrollarlo podría producirse el resultado que se produjo: su muerte. Técnicamente, a esto último se lo considera dolo eventual, que no es igual que el dolo directo –cuando hay una clara intención de causar el daño– pero el Código Penal lo castiga de la misma forma.
El atropello que costó la vida a Álvaro –que así se llamaba el joven estudiante, vecino de LaPuebla de Alfindén– y en el que también resultó herida su amiga Paula, de 19 años, se produjo el 27 de febrero de 2022 en la avenida de José Atarés. Tras comparecer en el juzgado de guardia, se decretó el ingreso en prisión de Luigi Anthony V. M. como presunto autor de cinco delitos: homicidio y lesiones por imprudencia, conducción temeraria y bajo la influencia de bebidas alcohólicas, así como el de abandono del lugar del accidente.
La Audiencia revocó la puesta en libertad
Cuatro meses después, en junio de 2022, la jueza encargada del caso dictó dos autos: uno autorizando la puesta en libertad provisional del conductor previo pago de una fianza de 4.000 euros y la entrega del pasaporte y otro, desestimando la transformación de las diligencias en un procedimiento ante el tribunal del Jurado. Porque la magistrada entendía que no existía ningún indicio de la comisión de un homicidio doloso y el atropello había sido un accidente de tráfico.
Sin embargo, el abogado de la madre de Álvaro, José Enrique Villén, impugnó ambas resoluciones ante la Audiencia Provincial, adhiriéndose a su recurso el letrado Antonio Torrús, en representación del padre del fallecido. Y los magistrados de la Sección Sexta terminaron dando la razón a la familia de Álvaro, ordenando que el encausado siga en prisión provisional y que sea un tribunal popular quien lo juzgue.
«Concurren fundados indicios en orden a la atribución al conductor investigado de un delito de homicidio doloso en la modalidad de dolo eventual de primer grado», dijo la Sala. Porque, para esta, resultaba previsible que se produjera un atropello mortal cuando el conductor circulaba borracho y «tras haberse detenido ante un semáforo en rojo, emprendió la marcha y aceleró bruscamente ante la presencia de varios peatones que se hallaban en la calzada». Hechos, apunta, indiciariamente acreditados a través de los testigos. Entre otros, el conductor del autobús que circulaba detrás del Peugeot 3008 del investigado.
La defensa, de la que se ha hecho cargo recientemente el letrado José Luis Melguizo, pretende demostrar que nunca hubo intención de causar una muerte por parte de su cliente.
Álvaro (18 años) y Paula (19) cruzaban la calzada. El conductor investigado, que circulaba ebrio, se detuvo justo donde está el coche negro de la fotografía, porque el semáforo estaba en rojo. Según los testigos, Luigi Anthony V. M. vio a los peatones, pero cuando la luz se puso verde, aceleró y los atropelló. Después se dio a la fuga.
El circuito de vídeo de la gasolinera Repsol grabó el suceso, pero la Policía Local contó también con el testimonio de varios testigos, incluido el chófer del bus que iba detrás del coche del investigado. En los croquis del atestado se aprecia la situación antes y después del atropello del fallecido (P1) y su amiga (P2), así como de los tres testigos. Entre ellos, el conductor del autobús (T3).
El causante del atropello mortal se dio a la fuga, pero una patrulla de la Policía Nacional le dio poco después el alto en la calle de Palencia, en el Arrabal. Su Peugeot 3008 presentaba serios daños en la carrocería, por lo que enseguida pensaron que podía ser el huido. Él les dijo que creía que había golpeado a una paloma. En la prueba de alcohol dio positivo.
