CSIF pide que el Ayuntamiento de Calatayud aplique la recuperación de derechos laborales perdidos
El sindicato de funcionarios recuerda que ya se ha publicado en el BOE el acuerdo marco refrendado por el Gobierno.
El sindicato Csif ha registrado un escrito en el que pide al Ayuntamiento de Calatayud que aplique la recuperación de derechos laborales para los trabajadores municipales y que se rubricó, explican, con la publicación en el BOE el pasado 17 de noviembre del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que se presentó en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
Sostienen que por parte del equipo de gobierno del Consistorio "se ha argumentado siempre a lo largo de las diferentes reuniones mantenidas con los sindicatos que una vez despareciesen las limitaciones previstas en la ley, automáticamente se repondrían los derechos perdidos".
Según insisten, estos son la suspensión de los acuerdos, pactos y convenios para el personal funcionario y laboral en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza y la regulación de la prestación económica de la situación de incapacidad temporal, y de sus límites.
A ello se suman la supresión de las medidas de reducción de derechos sindicales y la suspensión de pactos, acuerdos y convenios para el personal del sector público que contengan cláusulas que se opongan al RD Ley 20/2012.
También cuentan entre ellos la suspensión de convenios colectivos, pactos y acuerdos que afecten al personal público por alteración sustancial de las circunstancias económica y el reconocimiento de complementos en determinados supuestos de incapacidad temporal.
Así, desde CSIF reclaman que, ya sin limitaciones que lo impidan, "se repongan los derechos de los trabajadores municipales para así poder retomar las negociaciones del pacto convenio". Esta organización se levantó de la mesa hace algo más de una semana por la falta de avances en el proceso.
Desde CSIF recuerdan que el acuerdo marco "recoge expresamente la necesidad de poner en valor al personal al servicio de las distintas administraciones públicas" y pone de manifiesto la necesidad "de acometer, en este momento, las modificaciones en el ordenamiento jurídico que favorezcan e impulsen la transformación orientada a la mejora de las condiciones de trabajo".
De igual forma, reseñan que entre las propuestas está "fomentar el empleo, la modernización de las plantillas y su rejuvenecimiento, apostando por la implantación o recuperación de una jornada laboral de 35 horas semanales".
Así, aseguran que también se hace constar que se eliminarán las limitaciones actuales, previstas en la disposición adicional 144 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 para que, cada administración "establezca, previa negociación colectiva en la mesa u órgano que corresponda, una jornada de 35 horas semanales para el personal a su servicio y al de su sector público institucional".
