El Ayuntamiento de Zaragoza anula la expropiación millonaria del Tiro de Pichón
A la espera de si hay recurso de la entidad deportiva, el Consistorio reclamará la devolución de las cuantías pagadas por unos terrenos utilizados para el plan de riberas.
Después de un largo proceso marcado por los recursos judiciales, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes la revisión de oficio de la expropiación acordada en el año 2007 de unos terrenos del Tiro de Pichón que se incluyeron en el plan de riberas del Ebro. Tras el deslinde de la CHE de parte del suelo, que ha pasado a considerarse de dominio público, ahora el Consistorio tendrá que reclamar a la entidad deportiva el dinero pagado, una cuantía que a la espera de concretar los intereses de demora podría superar los 8,5 millones de euros.
El acuerdo en el pleno, que ha desestimado las alegaciones presentadas por la entidad, ha sido unánime. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que la decisión se adopta a un día de que expire el plazo legal. Ha recordado además que el expediente cuenta no solo con el aval de la CHE, sino con el visto bueno del Consejo Consultivo de Aragón.
La polémica ha tenido diversos episodios, siendo el más destacado fue una sentencia de 2016, ratificada por el Supremo en 2018, que determinó que había que pagar 12,3 millones de euros. El Ayuntamiento, con ZEC en el gobierno, consideró que esos suelos no tenían que haberse expropiado. La CHE determinó que parte de los terrenos se habían ganado al cauce público mediante la acumulación de escombros en el río Ebro. En total, se ocuparon unos 12.000 metros cuadrados, de los que el Ayuntamiento anula 10.700.
El concejal de Urbanismo ha explicado que una vez aprobado el expediente y resueltos los recursos administrativos que se puedan presentar se activará el proceso de recuperación del dinero desembolsado. También ha subrayado que, en el caso de que el Tiro de Pichón acuda a los tribunales, “no se suspendería la ejecutividad del acto”.
El PSOE ha respaldado la decisión del gobierno municipal de anular la expropiación, que ha calificado de “buena noticia”. El edil socialista Horacio Royo ha destacado el papel jugado por el anterior gobierno, de ZEC, para impulsar este proceso y ha emplazado al gobierno a negociar con el Tiro de Pichón un plan de pagos para retornar “las cantidades indebidamente percibidas”. En este sentido, ha solicitado que en la medida de lo posible se evite la judicialización para evitar “una dilación” del expediente.
Más crítico se ha mostrado el portavoz de ZEC y exalcalde, Pedro Santisteve, que ha recordado que el PP se opuso al procedimiento iniciado por el anterior gobierno. “Toca que el alcalde hable. Hace cuatro años dijo que esto era una chapuza jurídica, una pataleta de un gobierno que era una banda. Debería pedir disculpas”, ha dicho. En su opinión, los populares se dejaron llevar “por intereses personales” y de favorecer “los beneficios privados a costa del dinero público”.
Estas palabras han suscitado la respuesta de Víctor Serrano, que ha recordado que durante la etapa de gestión de Santisteve el Ayuntamiento fue "condenado" por “hacer mal uso de los equipamientos por sus amigos” , en referencia al caso del centro social Luis Buñuel. “Seguiremos utilizando el derecho y la ley en defensa del interés público, pero reproches ninguno. Mírese en su legado”, criticó Serrano. Fuentes de ZEC recordaron que la sentencia del Luis Buñuel no es firme y que hay pendiente un recurso en el Supremo.
El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, también ha recordado que no siempre hubo unanimidad con este asunto y ha calificado de “enorme error” la decisión de expropiar los suelos, aunque se hiciera de buena fe. Ha confiado también en que el Tiro de Pichón no presente recurso. “Sería inmoral que volviera a reclamar”, ha afirmado.
Por su parte, el portavoz de Vox, Julio Calvo, ha expresado sus dudas de que esta revisión vaya a prosperar. “El Supremo ya desestimó la revisión de oficio”, ha dicho. No obstante, se mostró a favor de seguir adelante con la recuperación del dinero al tener el aval de los juristas. “El Ayuntamiento debe defender los derechos de los ciudadanos, pero lamentablemente esto no se va a resolver en breve”, ha concluido.
