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Absuelven al constructor que vendió una casa en suelo no urbanizable en el Moncayo
La Audiencia de Zaragoza entiende que el acusado no engañó ni estafó al comprador y que este siempre puede acudir a la vía civil.
La Audiencia Provincial ha absuelto a Isaías L. V. del delito de estafa que le atribuía un vecino de Tarazona por edificar sin licencia de obras y venderle una casa en terreno no urbanizable en Santa Cruz del Moncayo. Los magistrados no ven que existan los requisitos de la estafa ni tampoco de lo que se conoce como «negocio civil criminalizado», es decir, que el acusado simulara un propósito serio de contratar cuando en realidad solo pretendía aprovecharse de la otra parte.
«En este caso, –dice la sentencia– la construcción de la vivienda se llevó a buen fin, el comprador la está ocupando a plena satisfacción, pues vive allí desde hace cinco años, y ha abonado el precio pactado en el único contrato escrito que, al parecer, se suscribió (incluso 5.000 euros menos)».
El tribunal admite que es cierto que la casa se construyó en lo que la ley urbanística de Aragón y el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz del Moncayo clasifican como suelo no urbanizable. «Pero también lo es que esa situación debió ser conocida por el comprador, pues fue informado de la ubicación de las parcelas en las que se iba a construir (...)», subraya el fallo. Además, advierte que el terreno es susceptible de legalización si el comprador amplia su parcela de los 5.906 m² actuales a los 10.000 m² requeridos para tal fin, algo que es factible adquiriendo el terreno contiguo.
Los magistrados de la Sección Primera consideran probado que en 2012, el acusado, constructor de profesión y en ese tiempo concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz, se ofreció al vecino de Tarazona, que entonces vivía en Barcelona, para construirle una vivienda en su pueblo natal o alrededores donde pasar su jubilación.
Además de buscar el terreno y levantar la casa, se encargaría también de los trámites administrativos. Ambos firmaron un documento en julio de 2012, en el que figuraba la compra y las parcelas donde se iba a construir. En ese momento, el comprador dio 20.000 euros en concepto de arras y, en sucesivas entregas a lo largo de un año, 100.000 euros más.
Todo fue bien hasta que el denunciante acudió al Ayuntamiento para solicitar los suministros habituales y se enteró de que la vivienda era ilegal. Entonces denunció a Isaías L. V. por estafa, al entender que lo había engañado y que se había aprovechado de su confianza e ingenuidad.
La Fiscalía solicitó 5 años de cárcel, 115.000 euros y la rescisión civil del contrato. La acusación particular reclamaba 6 años de prisión, la misma cuantía económica que el Ministerio Público y 10.000 más por los daños morales. Sin embargo, su abogado defensor, Juan Carlos Macarrón, mantuvo que no se había producido ningún perjuicio patrimonial y la Audiencia le ha dado la razón.
En su alegato, el letrado recordó que el encausado compró el suelo y empezó a levantar la casa en cuanto firmaron el contrato de arras, a lo que suma que una perito judicial valoró después los trabajos en 161.000 euros, es decir, una cifra superior a la que pagó.
En todo caso, el tribunal dice en la sentencia que si el denunciante no pudiera legalizar la casa, podría rescindir el contrato y reclamar los perjuicios en la vía civil.
