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Un jubilado descubre que ha gastado todos sus ahorros en una casa ilegal en Santa Cruz del Moncayo
El albañil al que pagó 115.000 euros por la vivienda niega cualquier engaño, pero se juega 6 años de cárcel acusado de estafa.
La edificación de una vivienda sin licencia de obras y sobre un suelo no urbanizable le podría costar una larga temporada en prisión a Isaías L. V., constructor y exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo. La persona que pagó 115.000 euros por la casa lo acusa de un delito de estafa agravada, porque aunque ya lleva un tiempo viviendo allí, lo hace de forma ilegal y sabiendo que en cualquier momento podrían ordenar su derribo. Y de ahí que solicite una condena de seis años de cárcel, la devolución del dinero abonado y una indemnización de 10.000 euros por daños morales. La Fiscalía también cree que el acusado se aprovechó de la «ingenuidad» del comprador y pide una condena de cinco años de cárcel.
Para la defensa, que corre a cargo del letrado Juan Carlos Macarrón, en el juicio celebrado ayer en la Audiencia de Zaragoza habría quedado claro que el exedil «nunca» quiso engañar al denunciante u obtener un enriquecimiento ilícito a su costa. Recuerda que el encausado compró el suelo y empezó a levantar la casa en cuanto firmaron el contrato de arras, a lo que suma que una perito judicial valoró después los trabajos en 161.000 euros. «¿Dónde está el perjuicio o el enriquecimiento?», preguntaba ayer al tribunal de la Sección Primera. En cuanto al hecho de que Isaías L. V. construyera sobre un suelo rústico y sin licencia, el abogado alega que en ese momento el Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo estaba tramitando un nuevo PGOU, se había suspendido la tramitación de permisos de construcción y su defendido confiaba en que la nueva regulación urbanística diera cobertura legal al proyecto. Finalmente no fue así, pero esta parte insiste en que la vivienda todavía se puede legalizar.
Se fio porque era concejal
Los hechos que dieron lugar a esta causa y que ahora podrían costar el ingreso del exconcejal en la prisión de Zuera se remontan al verano de 2012. Por aquel entonces, el denunciante trabajaba y residía en Barcelona, pero como había nacido en Tarazona estaba planeando su prejubilación y quería volver a su pueblo. Los precios para construir allí una vivienda eran muy altos, pero una inmobiliaria le habló del acusado. «Este señor se presentó como un constructor que conocía bien la normativa municipal, hasta el punto de que era concejal del Ayuntamiento, que fue lo que me dio seguridad. Yo sabía que se requieren trámites administrativos, pero no hice ninguno. Él me dijo que se hacía cargo de todo, que estuviera tranquilo», explicó ayer el denunciante.
Durante los aproximadamente seis meses que duró la obra, el comprador fue haciendo transferencias de dinero al acusado, pero «nunca» le dio ningún recibo o factura. Fue cuando la casa ya casi estaba acabada cuando el dueño se llevó una tremenda sorpresa. «Fui al Ayuntamiento para solicitar los suministros de agua y demás y me dijeron que la vivienda no era legal y carecía de todos los requisitos. Me fui a hablar con este hombre y ahí empezó mi pesadilla, porque no he conseguido nada», se lamentaba ayer.
El exconcejal asegura que nunca fue su intención estafar al denunciante. «De lo contrario no habría invertido tanto dinero y trabajo en la construcción de esa casa. Yo siempre he intentado solucionar la situación, pero este hombre no ha querido y me encuentro ahora con que me pide seis años de cárcel», manifestó. El constructor recordó que todo se arreglaría ampliando la finca sobre la que se construyó el inmueble, ya que la actual ocupa unos 6.000 metros cuadrados y la Ley Urbanística de Aragón (LUA) exige un terreno de al menos 10.000 metros.
Los técnicos que comparecieron ayer como peritos en la vista reconocieron que, efectivamente, la vivienda podría regularizarse con la compra de una parcela aneja. Pero ello no impidió que la Fiscalía mantuviera la acusación contra Isaías L. V., al que acusa de estafa agravada por el importe de la obra y porque se trataría supuestamente de una primera vivienda. «El acusado era un constructor que actuaba de forma totalmente ilegal y ni siquiera presentaba facturas con IVA. Por parte del cliente hubo cierta ingenuidad, pero eso no debe redundar en perjuicio suyo. Porque el acusado desplegó todas sus artimañas para llevar a cabo el engaño», argumentó.
