Calatayud rebaja a la mitad la multa a la constructora de la harinera y la deja en 166.950 euros
El Consistorio estima parte de las alegaciones de la empresa encargada de la rehabilitación que sigue estancada.
La rehabilitación de la harinera de la Merced de Calatayud en un centro tecnológico, valorada en 1,6 millones de euros, sigue estancada desde septiembre de 2021 y los únicos avances se dan en los despachos. Ahora el Ayuntamiento, tras proponer una multa de 337.080 euros a la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de las obras, estima parte de sus alegaciones y reduce la sanción a 166.950 euros. Así se aprobó, con el sí de PP y Cs y la abstención del PSOE, en la comisión de Urbanismo de la semana pasada y lo ratificó ayer la Junta de Gobierno. Además, el Consistorio calcula que todavía faltan 21 meses de trabajos. Este plazo pone en peligro que se puedan recibir fondos europeos para su financiación, ya que el tiempo para justificar estas ayudas finaliza en diciembre de 2023.
Entre las razones de la rebaja, según especificó el alcalde, José Manuel Aranda, se incluye la suspensión de plazos administrativos por la pandemia, los cambios para salvaguardar los canales de derivación que movían el molino y los trabajos para desviar las aportaciones de agua que llegaban al canal desde la gasolinera, el lavadero de coches y el supermercado cercanos.
En total, los técnicos municipales eximen de responsabilidad a la UTE en 214 días, ocho de ellos por la covid. Del resto, el Consistorio asume que salvar el canal supuso 80 días de demora, -pese a que al principio señalaba que esa infraestructura aparecía en el estudio geotécnico-, y que los cambios en los vertidos de la superficie comercial supusieron 127 días. A este respecto, explican que "por razones que se desconocen" la conexión de la red de evacuación hace años se conectó al canal que iba a la harinera y no a la red de saneamiento.
"Se pidió en octubre que se retomase la obra y no hemos tenido ninguna novedad al respecto, por lo que la penalización se puede ver incrementada por el retraso añadido", valoró. El Consistorio ha desestimado, entre otras cuestiones, que los cambios en la cimentación y la rescisión del contrato con el arquitecto que ganó el concurso de ideas, Fernando Bayo, haya influido en la demora.
La empresa no retoma los trabajos aduciendo que hay indefiniciones en el proyecto, que el Ayuntamiento sostiene que están aclaradas. En las alegaciones, la empresa apunta a que el ritmo de las obras desde el cambio en la dirección de los trabajos "tampoco ha podido incrementarse". No descartaba acciones de responsabilidad patrimonial y reclamar partidas de intervenciones ejecutadas, no contempladas en el proyecto y que no han sido abonadas. A este respecto, el alcalde asumió que, a pesar de que se prohibieron las modificaciones, sí se podrá detraer ese coste de la multa.
Proceso judicial en marcha
A su vez, Aranda recordó que el Consejo Consultivo de Aragón avaló la rescisión e indicó que la vía judicial contencioso administrativa con el anterior arquitecto "sigue abierta" y "no hay novedades". Admitió que el propio Bayo se ha querellado contra un técnico municipal, al margen de ese proceso. Bayo, por su parte, declinó hacer declaraciones.
Desde el PSOE, Víctor Ruiz, puntualizó que estarán "atentos y vigilantes" y emprenderán acciones legales para responsabilizar al equipo de gobierno "si se pierden las subvenciones europeas", que superan el millón de euros.
