El 40% de los aragoneses no tiene acceso a juzgados especializados en crisis de familia
Esta es una de las cuestiones, así como las problemáticas generadas, que se abordarán en el Congreso de Derecho de Familia que se celebra en Zaragoza este jueves y viernes.
Aragón solo dispone de 4 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia más otro relativo a Discapacidad, lo que deja a cerca de la 40% la población aragonesa, unos 522.000 residentes, sin acceso a este tipo de un servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la tutela y protección de personas con discapacidad.
Estos temas entre otros, serán abordadas por más de un centenar de juristas procedentes de todo el país en el congreso de Derecho de Familia que se celebrará este jueves y viernes (28 y 29 de abril) en el Salón Carlos Carnicer en la sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (ReiCaz).
Para asistir a la cita será obligatoria la inscripción que realizará enviando un correo a formación@reicaz.es, así como el abono de 30€ en el caso de colegiados y 80€ para los que no lo son, en la siguiente cuenta corriente: Arquia-Banca ES86 3183 5000 8020 0501 2022.
El régimen de visitas para los hijos mayores de 12 años, la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por el Juzgado de Instancia 16 (Familia) de Zaragoza relacionada con la violencia de género y la visita a los hijos o la problemática en la filiación en materia de gestación subrogada, son otros de los asuntos que ocuparán las ponencias de la cita jurídica de esta semana.
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha elaborado un informe a partir de las estadísticas recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la planta judicial en España, del que se concluye una falta de juzgados de esta tipología en todo el país. En concreto, en más de treinta provincias los ciudadanos no tienen derecho a que sus crisis familiares sean revisadas por un tribunal especializado, como es el caso de Huesca , Teruel, Barbastro, Calatayud, Utebo o Fraga.
“Esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filioparental”, afirma la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.
Custodia compartida, según dónde y con retrasos
“Por ejemplo, en el caso de la custodia compartida de los hijos, hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos -aquellos que atienden asuntos penales y civiles- que desoyen la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y se muestran más reacios a su concesión”, explica Lozano.
La situación empeora cuando las crisis familiares recaen en estos juzgados generalistas, ya que tal y como explica la presidenta de AEFA “los asuntos civiles en los juzgados mixtos están supeditados a la agenda penal". Así que las causas civiles pasan a un segundo plano, "se suspende y se pospone la fecha del juicio de familia”, añade.
Esta situación genera "atascos en el sistema judicial" provocando demoras de "más de diez meses, como ocurre en algunas localidades de Aragón". Dolores Lozano especifica que este asunto "es muy grave cuando en un conflicto de divorcio la madre o el padre se niega a que los hijos tengan relación o pasen tiempo con el otro progenitor; o cuando uno de ellos se niega a pagar la pensión de alimentos hasta que un juez lo determine".
Otro ejemplo que muestra la gravedad de esta cuestión, en materia de divorcio, es que "algún miembro pareja se resista a abandonar la vivienda por temor a que su marcha influya en la decisión posterior de los tribunales. Esta convivencia forzada potencia las situaciones de violencia de género y filioparental”, afirma Lozano.
También es preocupante, la situación las secciones de Familia en las audiencias provinciales, puesto que desde 2018 no han aumentado. En total, existen 18 repartidas entre 16 audiencias provinciales que atienden al 61% de la ciudadanía. De esta manera, más de 18,5 millones de españoles se quedan sin que sus recursos de apelación sean atendidos.
