Aragón no quiere que en La Almunia, Ejea y Tarazona se dejen de instruir casos de violencia machista

El Gobierno de Aragón se opone rotundamente a que los juzgados de Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y Tarazona dejen de instruir los casos de violencia machista que las mujeres denuncian en estas localidades y los 108 pueblos que aglutinan sus respectivos partidos judiciales y que las víctimas se desplacen hasta Zaragoza para tramitar sus casos.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, aseguró este viernes que emitirá un informe desfavorable a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Zaragoza, inaugurado ayer, instruya todos los asuntos denunciados en los partidos de Ejea, Tarazona y La Almunia.

Con la excusa de que la agrupación de partidos judiciales para asuntos de violencia de género "favorece la especialización y mejora la atención a las víctimas", la comisión permanente del CGPJ anunció que propondrá al Ministerio de Justicia que adopte esa medida en juzgados de Aragón, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana.

En opinión del órgano de gobierno de los jueces, el "fin último" es "mejorar" la atención a las mujeres y que tengan los medios de los juzgados de violencia. "En localidades pequeñas, alejar a la víctima del lugar donde se cometieron los hechos puede contribuir a disminuir su afectación psicológica", llega a decir el CGPJ.

Otro criterio que cita es la distancia, y aunque afirma que a veces es una dificultad, valora que la que se considera "razonable a día de hoy es aquella que gira en torno a los 50 km y no exige un tiempo de desplazamiento superior a los 40 minutos". Sin embargo, no tiene en cuenta que en Aragón, por ejemplo, ir de Sos del Rey Católico (partido de Ejea) a Zaragoza hay 102 kilómetros y se tarda una hora y media. 

Para Mayte Pérez, la propuesta va en contra de la igualdad de oportunidades de la ciudadanía y no favorece en absoluto el acceso a la justicia. "Vamos a informar desfavorablemente, eso lo quiero dejar muy claro, porque una cosa es ayudar en la cuestión de las guardias, que ya lo hicimos, para que esas plazas puedan ser atractivas y otra cosa es descargar de materias a esos juzgados", afirmó. Añadió que piensa trasladar personalmente una petición a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que no salga adelante.

"Me parece que precisamente estamos haciendo lo contrario de lo que queremos combatir. Estamos hablando de reto demográfico y de despoblación y si empezamos a descargar de servicios a los municipios estaremos contribuyendo precisamente a lo contrario, a despoblar y a abandonar por falta de seguridad y garantías a la ciudadanía que decide vivir en el mundo rural", señaló Pérez.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, manifestó que todavía no está decidido, aunque el Ministerio es favorable por ser un punto recogido en el pacto de Estado por la Justicia.

"El problema no es ni organizativo ni cuantitativo, porque el número de asuntos es muy pequeño y puede ser absorbido por el juzgado de Zaragoza. Sacar competencias de pueblos que están muy despoblados es el problema. El asunto se trató en la Sala de Gobierno y no hubo unanimidad, por lo que Manuel Bellido reflejó en su informe que la propuesta podría no ser bien recibida en Aragón.