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El Gobierno de Zaragoza dice que los pisos de la DGA en la Expo son Ilegales y el PSOE exige facilitar los trámites

El gobierno municipal reitera que el proyecto no tiene encaje en el PGOU y reclama "lealtad". Los socialistas critican que el Ayuntamiento no ha impulsado este mandato viviendas para jóvenes.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, este miércoles durante el pleno municipal.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, este miércoles durante el pleno municipal.
Oliver Duch

La pugna política por capitalizar los proyectos de inversión en la ciudad de Zaragoza a un año de las próximas elecciones volvió a enfrentar ayer en el pleno municipal a la coalición PP-Cs y al PSOE. En el centro del debate, de nuevo, se situó el plan para construir viviendas de alquiler asequible para jóvenes en la Expo, una iniciativa de la DGA que el gobierno rechaza por no tener encaje, en su opinión, en el planeamiento urbanístico. Por ello, reclama al Ejecutivo "lealtad y diálogo" y una estrategia común. Los socialistas defienden la viabilidad de los pisos y su necesidad, exigen al Ayuntamiento facilitar los trámites, y recriminan que no se hayan impulsado propuestas similares en lo que va de mandato.

Hubo dos mociones enfrentadas. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, defendió la del gobierno PP-Cs, que reclamaba una política de vivienda "coordinada y pactada" que estuviera "centrada en los barrios de la ciudad". El edil pidió "lealtad institucional" a la DGA, a la que acusó de plantear en Ranillas "un proyecto mal enfocado" que "ni se adapta a las necesidades de los jóvenes, ni a la legalidad urbanística, ni es interesante desde el punto de vista social".

Para el socialista Horacio Royo, por contra, ejecutar 256 pisos de alquiler asequible para jóvenes con zonas comunes en Ranillas "es tan legal como los 80 pisos sociales de Las Fuentes" ya que "los usos comunitarios residenciales están permitidos". Rechazó que el proyecto no se integre en la ciudad consolidada, tal y como acusa la bancada de la derecha, ya que "se ubica en un distrito, el Actur, con más población de Huesca", y criticó el "cinismo de preocuparse ahora por los barrios después de abandonarlos".

Pedro Santisteve (ZEC) acusó al gobierno de inacción en vivienda y Fernando Rivarés (Podemos) de querer "imponer, no coordinar" los proyectos autonómicos en la capital. En cambio, el portavoz de Vox, Julio Calvo, criticó la falta de "voluntad de colaboración" de la DGA, a la que reclamó que actúe en inmuebles de su propiedad sin uso en la actualidad.

Atracción de empresas

El debate entre el alcalde, Jorge Azcón, y la líder de la oposición, Lola Ranera, llegó por la tarde. Los socialistas instaron en una moción al gobierno de la ciudad a apoyar los proyectos de inversión de la DGA en la ciudad, como la ampliación de 461 hectáreas de suelo industrial o la construcción de 800 viviendas en Ranillas y Valdefierro.

Ranera destacó que el Gobierno de Aragón "tiene una estrategia para atraer empresas y construir viviendas para jóvenes y no está encontrando colaboración del Ayuntamiento". Por ello, volvió a criticar al regidor, contrario a los pisos en Ranillas, de querer "anteponer sus intereses partidistas a los de la ciudad".

Azcón entró al debate. "Cuando el señor Lambán nos pidió colaboración para la modificación de Plaza, colaboramos pese a que había opiniones jurídicas discutibles", apuntó el alcalde. Y recordó que "antes" de impulsar el hospital privado de Quirón en la ciudad también habló con el presidente autonómico. En cualquier caso, Azcón no se mostró especialmente beligerante con la DGA, y se limitó a destacar que el Consistorio ha logrado atraer inversiones de empresas por valor de 900 millones que generarán 2.700 puestos de trabajo, "un éxito sin precedentes".

Otro de los debates del día giró entorno al texto de un medio digital que sostenía que el Ayuntamiento no cobraba el IBI a la urbanización donde vive el alcalde. La información fue desmentida por Azcón, que dijo estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Se trataba de una deuda generada con anterioridad a que el regidor adquiriese la vivienda y que el Ayuntamiento ha tratado de cobrar por la vía ejecutiva. El PSOE presentó una moción, cuya urgencia fue rechazada por lo que no se debatió, y el asunto se zanjó en una junta de portavoces en la que el alcalde explicó lo ocurrido.

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