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Juzgan en Zaragoza a un expolicía acusado de liderar una banda que trató de vender 30 kilos de cocaína
El exagente fue condenado en su día por robar 138 kilos de droga de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Ahora se enfrenta a 6 años de cárcel por otra operación de narcotráfico.
La Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer de nuevo al expolicía Lars Sepúlveda Madsen como presunto líder de una banda de traficantes de Madrid con la que contactaron una zaragozana y dos guardias civiles encubiertos con el objetivo de comprar 30 kilos de cocaína. Al final solo adquirieron uno, ya que el ex agente temía que robaran la droga y prefería que la venta fuera de kilo en kilo. Pero esa transacción fue suficiente para que la Guardia Civil desencadenara la operación en la que fueron detenidos Lars Sepúlveda y cinco personas más que ayer se sentaron con él en el banquillo de los acusados.
Esta ha sido la segunda vez que la Audiencia juzga al expolicía por esta causa, ya que la anterior, en la que fue condenado a cinco años de prisión, fue anulada por el Tribunal Supremo porque consideró nulas las escuchas telefónicas que hizo la Guardia Civil durante la operación policial.
Lars ya había sido sentenciado con anterioridad a 17 años de prisión por el robo entre 2006 y 2009 de más de 138 kilos de cocaína y heroína que se guardaban en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, aunque el Tribunal Supremo, en 2013, rebajó finalmente la pena a 12 años. Por el robo de la droga –cuyo método consistió en dar el cambiazo a los paquetes por otros de aspecto similar que contenían azúcar, yeso y cacao– cumplió poco más de seis años de condena. En 2017, cuando llevaba fuera de prisión tres años, fue detenido nuevamente por su vinculación con la operación iniciada en Zaragoza.
La investigación, tal y como mantiene la Fiscalía, se puso en marcha en marzo de 2017, después de que la Guardia Civil se enterara a través de confidentes de que Yolanda M. L. se proponía vender 30 kilos de cocaína, por lo que el 29 de marzo el Juzgado de Instrucción número 7 ratificó la orden de la Fiscalía de autorizar la intervención en toda esta historia de dos agentes encubiertos, los cuales se hicieron pasar por los compradores de esos 30 kilos de cocaína.
Yolanda M. L declaró ayer que en esa época ella era drogadicta –ahora ya está deshabituada– pero que no se dedicaba a traficar. «Contactaron conmigo unas personas y querían comprar droga. Nos vimos (con los guardias encubiertos) cinco o seis veces y me costó tres meses localizar a gente en Madrid que vendiera», contó. Reconoció que todo lo hizo porque «estaba necesitada».
Una de las personas con la que contactó en la capital de España fue David D. A., quien a su vez entabló comunicación con Manuel P. P., mano derecha de Lars Sepúlveda, según la Fiscalía. Tras varias reuniones, en las que acordaron que el precio del kilo sería de 37.000 euros, el 12 de julio se reunieron en un Burguer King de Aravaca (Madrid) y decidieron que al día siguiente David D. A. llevaría 10 kilos de cocaína a una de las habitaciones de un hotel cercano y uno de los policías encubiertos 300.000 euros a otra habitación. Pero, tras comentar lo acordado con Lars Sepúlveda, este indicó que la venta se haría de kilo en kilo.
David D. A. llegó con su amigo Pablo H. C. con la droga y, tras hacer la entrega, fueron detenidos junto a Yolanda M. L., así como Hobe Henrique B., Manuel Pereira y el ex policía. Estos tres últimos negaron los hechos ante el tribunal mientras que la zaragozana y su amigo David D. los admitieron.
La Fiscalía solicita penas que suman 22 años y 8 meses para los seis acusados. Al expolicía, a su mano derecha (Manuel P.) y a otro supuesto colaborador (Hobe B.). los acusa de tráfico de drogas y grupo criminal. A David D., defendido por el abogado Alejandro Giménez, le aplica la atenuante de confesión y solicita un año y medio de prisión. A la zaragozana Yolanda M., asistida por la letrada Laura Vela, le pide 3 años, igual que a Pablo H., asistido por María Pilar Hernández. A Estos tres últimos les aplican la atenuante de drogadicción y todos los letrados, salvo Giménez, pidieron al tribunal que la atenuante de dilaciones indebidas.
