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El primer juicio contra la banda 'Badoo', visto para sentencia: la Fiscalía ya no pide la expulsión de España
El Ministerio Público ha mantenido la petición de 16 años de cárcel para cada uno de los tres acusados. Las defensas insisten en que las penas son "desproporcionadas" y obedecen a que se trata de un caso "muy mediático".
El primero de los tres juicios del caso ‘Badoo’, en el que se enjuicia exclusivamente el rapto y robo con violencia sufrido por un vecino de La Almunia de Doña Godina el 26 de julio de 2019, ha quedado este jueves visto para sentencia en la Audiencia de Zaragoza. Y aunque la joven que hizo de cebo para atraer a la víctima hasta Pedrola, Candy Arrieta, su pareja, Mohammed Achraf, y el tercer encausado, José Antonio Meléndez, niegan haber secuestrado al joven F. C. J. para quitarle el coche y la tarjeta de crédito con la que intentaron desvalijar después su cuenta bancaria, la Fiscalía considera que el rosario de pruebas de cargo es tan contundente que solo cabe condenar a cada uno de ellos a 16 años años de prisión.
La acusación pública propuso en su día que tanto a la mujer, de origen venezolano, como a su novio, de nacionalidad marroquí, se les sustituyera la pena de cárcel por la expulsión inmediata de España. Sin embargo, la Fiscalía ha retirado este jueves la petición y ha exigido que todos los condenados cumplan íntegras las posibles condenas. Y todo ello, por la “gravedad” de unos hechos que “podrían haber costado la vida al denunciante”.
El Ministerio Público ha aprovechado su exhaustivo informe final para enumerar cada una de las pruebas que existente contra la banda. Como principales, ha destacado las localizaciones GPS que “minuto a minuto” facilitó el brazalete de maltratador que portaba Mohammed Achraf, los informes que facilitó la plataforma Badoo sobre la mujer que había usado el perfil que sirvió de cebo para contactar con la víctima, así como los restos biológicos hallados por la Guardia Civil. Y a modo de ejemplo, ha recordado que el laboratorio halló trazas genéticas de Mohammed Achraf en la empuñadura de la pistola eléctrica de 1.200 voltios con la que dispararon al joven de La Almunia, al que luego abandonaron maniatado en medio del campo en plena madrugada. “Estaba temblando y aterrado porque pensaba que le iban a matar”, ha recordado la fiscal.
La acusación particular, a cargo del letrado José Cabrejas, ha puesto el acento en la “encomiable” labor de la Guardia Civil. “Y no solo de los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO), también de los investigadores de la Comandancia de Zaragoza y de los agentes de los distintos cuarteles. Porque hay que recordar que el primero en identificar como sospechoso al marroquí fue el sargento de Pedrola y esta fue la pista que sirvió de punto de partida”, ha explicado.
Las defensas han vuelto a reivindicar la inocencia de sus clientes, tratando de hacer ver al tribunal que se les exigen penas “absolutamente desproporcionadas” por ser este “un caso muy mediático”. “No se comprende que en este primer juicio se pidan hasta 18 años de cárcel -lo hace la acusación particular- por un robo con violencia, cuando la semana que viene se van a solicitar solo unos pocos más por un crimen”, ha manifestado la abogada Carmen Sánchez Herrero, que representa al dueño del taller de Pedrola. Según esta, en caso de condena, “esto no podría pasar nunca de los tres años y medio de prisión”. Y esa ha sido la pena que de forma alternativa ha solicitado para su cliente.
El abogado Luis Ángel Marcén, que defiende a la joven venezolana, ha solicitado también su libre absolución. Durante su informe, se ha quejado de que la Guardia Civil no hiciera nunca una rueda de reconocimiento previa al juicio para que la víctima tuviera ocasión de identificar a su clienta. Considera que Candy Arrieta nunca tendió ninguna emboscada a nadie. “Pero aunque el tribunal entendiera que estuvo en el lugar donde atacaron a estas personas, nadie ha podido probar que ella golpeara, secuestrara o disparara contra alguien”, ha señalado.
El letrado Ignacio Rada, que defiende al tercer sospechoso, ha comenzado su exposición diciendo que “nadie ha podido acreditar que José Antonio Meléndez estuviera en Pedrola más allá del 10 de julio de 2019”, cuando el primer rapto de la banda ‘Badoo’, el único por el que se acusa a este hombre, se perpetró el 26 de julio. Sin embargo, lo cierto es que, cuando declaró ante la jueza que investigaba la causa, el encausado confesó su participación en los hechos. A este respecto, su abogado ha recalcado que su cliente se retractó el pasado lunes cuando declaró en la Audiencia de Zaragoza y explicó que cuando se autoinculpó lo hizo porque “le estaban interrogando por videoconferencia y no entendía lo que decía la jueza”.
La UCO identificó a Meléndez como el varón que intentó sacar dinero con la tarjeta que robaron al vecino de La Almunia en un cajero de Gallur, ya que fue grabado por las cámaras. Sin embargo, su defensa ha intentado desvirtuar esta prueba. En caso de condena, el abogado Ignacio Rada cree que solo cabría una multa por tentativa de estafa.
A la espera de que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial se pronuncie sobre estos hechos, un jurado popular juzgará la semana que viene a Candy Arrieta y Mohammed Achraf por el asesinato del informático vasco José Antonio Delgado, de 54 años, al que supuestamente torturaron y desvalijaron para robarle su Mercedes. Tras darle muerte, lo enterraron en el campo cuando todavía le quedaba un hilo de vida, como así probó después la autopsia la hallar restos de tierra en sus vías respiratorias.
