zaragoza

Mafia de los empadronamientos en Zaragoza: 20 detenidos por cobrar 'papeles' a 500 euros

La organización la dirigían un marroquí y un colombiano, a los que la Policía Nacional seguía desde hace meses.

Las peticiones de asilo desbordan la Oficina de Extranjería de Zaragoza con filas a la intemperie
Imagen de la Oficina de Extranjería de Zaragoza.
José Miguel Marco

Una larga y compleja investigación de la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional ha permitido detener en Zaragoza a 20 inmigrantes que se dedicaban presuntamente a falsear contratos, cédulas de empadronamiento y todo tipo de documentos para obtener la regularización de inmigrantes en España. El Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa ha declarado secretas las pesquisas, por lo que nada ha trascendido oficialmente de la operación. Sin embargo, según ha podido averiguar HERALDO, la banda cobraba alrededor de 500 euros por facilitar a sus clientes una dirección con la que poder acreditar su residencia en Zaragoza.

Las pesquisas se habrían iniciado hace aproximadamente un año, cuando se supo que un hombre de mediana edad y nacionalidad marroquí, Abdelmalek D., estaba al frente de una organización criminal afincada a orillas del Ebro. Los investigadores lograron averiguar también que este hombre tenía como presunto lugarteniente a un ciudadano colombiano. Los dos fueron detenidos el pasado jueves, 13 de enero, junto al resto de presuntos integrantes de la trama, entre los que se incluye la mujer del marroquí.

Los funcionarios de Extranjería apuraron al máximo las detenciones, ya que intentaban atar cabos para apuntalar las acusaciones. Sin embargo, todos los arrestados se negaron a prestar declaración ante la juez y acabaron en libertad provisional, con la única obligación de comparecer cada quince días en el juzgado que instruye la causa.

Los investigadores les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Lo que ahora tratan de averiguar es hasta qué punto los dueños de las empresas con los que se tramitaban los falsos contratos estaban al corriente del fraude. Al parecer, los cabecillas de la banda llegaron a cobrar en torno a 8.000 euros por alguna reagrupación familiar. Las pesquisas siguen abiertas.

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