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El cheque familiar para facilitar la escolarización temprana en Zaragoza estará dotado con 1,3 millones

PP-Cs logra el apoyo de Vox para aprobar las cuentas de los patronatos en plena negociación por el presupuesto.

Escuela infantil en Zaragoza.
Escuela infantil en Zaragoza.

El nuevo cheque familiar que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza el próximo año para facilitar la conciliación y favorecer la escolarización temprana no obligatoria contará con una partida inicial de 1,3 millones de euros. Es la cantidad que reserva el presupuesto del patronato de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, que al igual que el del resto de organismos autónomos del Consistorio, fue aprobado este miércoles por el gobierno PP-Cs gracias al apoyo de Vox. El respaldo de la formación de extrema derecha llega precisamente en plena negociación de las cuentas de 2022.

La concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa, detalló en la comisión del área, a petición del PSOE y de ZEC, las líneas maestras de esta iniciativa, anunciada por el alcalde, Jorge Azcón, durante el pasado debate sobre el estado de la ciudad. «El objetivo es facilitar la conciliación familiar y laboral mediante la subvención económica a las familias para que puedan costear la escolarización temprana no obligatoria de 0 a 3 años cuando esta no esté financiada con fondos públicos», resumió la edil.

El cheque contempla tres tramos de subvención de 350, 500 y 700 euros en función de la renta bruta per cápita de la familia solicitante, y la cuantía supondrá como máximo el 30% de los costes de escolarización. La ayuda se concretará en un pago único en el cuarto trimestre con la justificación de los gastos.

Podrán acceder a estas ayudas las familias que lleven al menos tres años empadronadas en Zaragoza con menores escolarizados en centros que no sean públicos. Para concretar los requisitos, el patronato elaborará próximamente las bases, y dispondrá de una partida de 1,3 millones de euros.

Espinosa justificó la necesidad de este cheque familiar dado el «insuficiente grado de escolarización en esta etapa». En concreto, en la capital aragonesa tan solo acuden a centros educativos 7.500 de los 19.500 niños de cero a tres años, es decir, el 38%. En cualquier caso, la edil recordó que se trata de una medida «temporal y transitoria hasta que se amplíe la oferta pública de plazas» para estas edades. Además, será progresiva, dado que el próximo año se subvencionará a los nacidos en 2021; en 2023, a los de 2021 y 2022; y así sucesivamente.

Ayudas a la concertada

Por otro lado, una comisión de valoración resolverá este jueves la convocatoria de otra línea de subvenciones impulsada por el Consistorio. Se trata de las polémicas ayudas a familias de la educación concertada, que el grupo municipal socialista recurrió en los tribunales al entender que son discriminatorias con los de la pública.

Según explicó Paloma Espinosa, el plazo de presentación de solicitudes se cerró el pasado 13 de octubre con 1.536 peticiones, de las que 18 fueron excluidas por duplicidades, por pertenecer a centros de fuera de la ciudad o por ser alumnos de FP. Además, otras 134 instancias presentaban errores. La comisión de valoración dictará la adjudicación provisional con vistas a empezar a abonar las ayudas a partir del día 28.

Críticas por una publicidad de prostíbulos

Por otro lado, la concejal de Igualdad, María Antoñanzas, compareció ayer a petición del grupo municipal del PSOE para aclarar la presencia en la ciudad, en concreto en el Distrito Sur, de vallas publicitarias de un prostíbulo. Para la edil socialista María Ángeles Ortíz, «es lamentable que el Ayuntamiento de Zaragoza permita este tipo de anuncios que degradan a la mujer», por lo que reclamó al gobierno PP-Cs «un protocolo claro para que no vuelva a pasar».

Antoñanzas explicó que la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón regula este tipo de casos, por lo que remitió una comunicación al Gobierno autonómico. Además, se solicitó al área de Urbanismo –dado que la valla se ubica en un solar privado–, la apertura de un expediente para comprobar si la licencia se ajustaba a la normativa vigente. Finalmente, se advirtió a las empresa que se retiraría el cartel si incumplía la regulación.

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