La asociación mayoritaria de fiscales exige la dimisión de Dolores Delgado
Alega falta de "idoneidad" de la fiscal general del Estado por "proceder de la política" y por sus "conflictos de intereses".
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria de las tres existentes en la carrera fiscal, cerró este sábado su XXIII congreso poniendo negro sobre blanco el malestar que arrastra desde que Dolores Delgado fuera nombrada fiscal general del Estado inmediatamente después de dejar su cargo como ministra de Justicia, lo que consideran un grave desprestigio para la institución.
La primera conclusión de su encuentro en Zaragoza no pudo ser más clara: «La AF exige la inmediata dimisión de Dolores Delgado por carecer de idoneidad por su directa procedencia de la política y por sus conflictos de intereses». Para el colectivo, las «erráticas y sectarias actuaciones y decisiones» de Delgado han causado ya un «grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal».
«Su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen nuestra institución», añadió la renovada presidenta de la AF, Cristina Dexeus. Sus palabras fueron recibidas por un sonoro y sostenido aplauso de los 253 fiscales que llenaban el salón del antiguo Casino Mercantil, sede de la Caja Rural de Aragón.
Impedir que se repita
La AF ha cuestionado desde el principio la «credibilidad» y «falta de neutralidad» de Delgado. El lema de su congreso ‘En defensa de nuestra independencia’ era una clara declaración de intenciones. Por esa razón, exigen que el «procedimiento de nombramiento y remoción del fiscal general del Estado «garantice la independencia del mismo frente al Gobierno» impidiendo la designación de otros procedentes de la política.
Como era de esperar, la polémica por la salida de Anticorrupción de Ignacio Stampa, uno de dos fiscales que abrió la investigación del caso Villarejo, y la circunstancia de que el despacho de Baltasar Garzón, pareja de Delgado, defienda a tres imputados de la causa de la que era fiscal Stampa estuvo presente en el debate. Por esa razón, la AF recuerda a la fiscal general que «tiene la obligación legal de abstenerse en todos aquellos asuntos en los que tenga algún tipo de interés personal, familiar o que afecten a políticos».
La «grave situación del sistema de Justicia», que creen está sometido a una «feroz estrategia de deslegitimación», les lleva a reclamar un «nuevo Estatuto Orgánico que refuerce la autonomía del Ministerio Fiscal» para «asumir la investigación con garantías».
Premios Tagle y Portero
Antes de poner fin al congreso, la AF quiso reconocer el trabajo de los fiscales del juicio del procés: los aragoneses Javier Zaragoza y Fidel Cadena, además de Consuelo Madrigal (ex fiscal general que ayer anunció públicamente que se adscribía a la AF) y Jaime Moreno. Los cuatro recibieron el premio Carmen Tagle y Luis Portero de la mano de la viuda de este último, Rosario de la Torre y su hijo.
Los cuatro mostraron su enorme gratitud y orgullo por el galardón que lleva el nombre de dos compañeros asesinados por la banda terrorista ETA. En su intervención, Fidel Cadena agradeció al rey Felipe VI su discurso del 3 de octubre de 2017, cuando exigió a la Generalitat de Cataluña que pusiera punto final a su «deslealtad inadmisible». Javier Zaragoza consideró el premio un reconocimiento a la «independencia» de los fiscales. También fueron galardonados el Servicio de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona por oponerse a los permisos a los condenados del procés -recogió el premio el fiscal Javier Faus-; y la fiscal antidroga de la Audiencia Nacional Cristina Toro, fallecida a los 59 años en 2020 a causa del covid, como recordó su marido, el fiscal José Miguel Alonso.
Al congreso estaban invitadas la fiscal general del Estado y la ministra de Justicia, Pilar Llop, que obviamente no asistieron. A la clausura sí que fueron, entre otras autoridades, la fiscal superior de Aragón, Asunción Losada; el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Felipe Zazurca, o el fiscal del Tribunal Supremo Carmelo Quitana. Por la parte judicial, estuvieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza y coordinador de Jueces para la Democracia, Alfonso Ballestín, o el magistrado José Ignacio Martínez Esteban, titular del juzgado de Instrucción número 1 y miembro de la asociación de jueces Francisco de Vitoria. En representación del Gobierno de Aragón acudió la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez.
