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La Audiencia de Zaragoza pone en busca y captura a un estafador reincidente

El acusado es de Mallorca y tiene varias condenas por ventas de productos que cobra y luego no sirve.  

Audiencia Provincial de Zaragoza.
Audiencia Provincial de Zaragoza.
Guillermo Mestre

La Audiencia Provincial de Zaragoza ordenó este martes la búsqueda e ingreso en prisión de Bartolomé M. S., un timador reincidente, con condenas previas por falsedad documental y estafa. Esta persona, natural y vecina de Mallorca, debería haberse presentado ante el tribunal para ser juzgado por el engaño del que fue víctima un zaragozano.

El acusado no se presentó alegando que tenía un repentino "resfriado común", dolencia que a los magistrados no les pareció suficiente excusa para no comparecer y decidieron ordenar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que lo busquen y lo lleven a su presencia.

Bartolomé M. S. tenía que haber sido enjuiciado como presunto autor de una estafa sufrida por un zaragozano, con quien contactó a través de correo electrónico para ofrecerle vinos de alta gama a un buen precio. El vendedor le explicó que provenían del cupo de una cofradía que él comercializaba a precios mucho más ventajosos que los de mercado. Para dotar de seriedad a su propuesta, formalizó con el comprador unos contratos que recogían cláusulas de penalización económica en caso de incumplimiento. En ellos se comprometía a devolver el dinero en porcentajes que oscilaron entre 100% del importe en la primera compra y el 250% en las restantes. 

De esta manera convenció a la víctima para que hiciera varios pedidos. Los primeros, como suele ser frecuente en este tipo de estafas, se los sirvió sin complicaciones; pero el resto, hasta ocho compras por importe de 11.234 euros, efectuadas entre septiembre y diciembre de 2018, nunca llegaron a su destino. 

Para la Fiscalía y la acusación particular, a cargo del letrado José Manuel Marraco, los hechos constituyen un delito continuado de estafa en el que concurre la circunstancia agravante de reincidencia. La fiscal pide una condena de seis años de cárcel y una multa de doce meses, a ocho euros diarios (2.880 euros). Mientras, su abogado defensor, Víctor Laguardia, solicitará la absolución alegando que se trata de un asunto civil.  

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