Ciudadanía auxilia a los usuarios de la residencia cerrada en Garrapinillos
Ofrece a los familiares de los residentes otros sitios para instalarse.
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón se comprometió este jueves con los familiares de algunos de los 40 ancianos desalojados el miércoles en la vivienda privada compartida Hábitat Harmonía de Garrapinillos, que antes fue la residencia Las Azaleas, de ayudarles para la búsqueda de nuevos centros para instalarse.
Técnicos de la DGA explicaron también a los familiares que acudieron a una reunión con ellos que la decisión del cierre fue sustentada «jurídica y judicialmente» y que «el desalojo se produjo para garantizar el bienestar de los residentes». Detallaron que los dueños carecían de autorización administrativa y, al final, se produjo el cierre forzoso. Los familiares no optaron por marcharse a otro centro, aunque les habían avisado hace tres meses de una problemática que negaba la dirección.
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales detalló que este proceso empezó en 2016 con un plan de inspección de los centros de mayores y un proceso extraordinario de regularización para aquellas residencias que no contaban con autorización y no cumplían los requisitos para estar en funcionamiento.
En ese proceso de revisión judicial, que empezó en 2017, la antigua residencia Las Azaleas y actual vivienda compartida Hábitat Harmonia fue advertida del posible cierre, pero el propietario, José María López, optó por recurrir todas las decisiones judiciales.
Protesta de familiares
Joaquín Soguero, hermano de uno de los residentes que se han llevado desde Garrapinillos a otro centro de Ejea de los Caballeros, protestó ante los técnicos porque cree que la DGA actuó de manera improvisada con la búsqueda de alternativas para los 40 residentes y cree que deberían haberlo tenido previsto.
«Tengo que buscar otra residencia porque nos viene muy mal la de Ejea, donde lo han llevado. Nos han ofrecido facilitarnos contactos, pero al final los buscamos nosotros», precisó Soguero. Asimismo, agregó que acudirá al Justicia de Aragón para que valoren si deben auxiliar a los residentes como afectados del desalojo.
