Cierran una residencia en Garrapinillos por falta de permisos y reubican a sus 40 usuarios
La DGA asegura que el centro carecía de autorización y el dueño alega que no funciona como residencia desde el año pasdo.
El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón procedió este miércoles al cierre de la vivienda privada compartida Hábitat Harmonía de Garrapinillos, que antes fue la residencia Las Azaleas, por carecer de autorización administrativa y tras varios pronunciamientos judiciales que autorizan la entrada en el centro y su clausura forzosa. Las 40 personas que vivían en ella, la mayoría ancianos, fueron reubicados en otros centros de Ejea de los Caballeros, Sádaba y Belchite, entre otras poblaciones.
El desalojo tuvo lugar a primera hora de la mañana y los técnicos del Gobierno aragonés contaron con el apoyo de la Guardia Civil. Fuentes del Departamento de Ciudadanía explicaron que sus familiares habían sido avisados de esta medida, salvo algunos cuyos contactos no fueron proporcionados desde el centro. Algunos recibieron cartas sobre el asunto hace tres meses. Los afectados han sido citados este jueves a una reunión para explicarles la situación.
Durante la clausura de las instalaciones fueron detenidos por intentar obstaculizar la medida el dueño del centro y presidente de la Fundación Summun Factor de Ayuda a la Dependencia, José Miguel López, y su hija María, que era la directora. Ambos prestaron declaración en el cuartel de Casetas y quedaron en libertad horas después.
El propietario explicó que la Fundación asumió la gestión de la residencia en 2012 y que aunque desde 2015 se ha intentado regularizarla, cuando la DGA les advirtió que debían hacerlo, no ha sido posible. Por ello, aseguró, en marzo de 2020 ya comunicó a la DGA el cierre de Las Azaleas. Pasó entonces a funcionar como una vivienda particular compartida. "Alquilamos las habitaciones y con cada persona firmamos un contrato de prestación de servicios. La mayoría de los residentes que había decidieron continuar con nosotros. Es fórmula legal que funciona en otros sitios", dijo.
Por esta razón, López se mostró contrariado por la decisión del Gobierno aragonés que, dijo, responde a la aplicación de una sentencia que data de 2017 y recurrida desde entonces. Asimismo aseguró que también va a presentar un recurso al cierre de las instalaciones "que ha dejado en la calle a los 16 trabajadores de la plantilla".
Desde el 2015 hasta este año, el Departamento de Ciudadanía ha clausurado 36 residencias en la Comunidad por diferentes motivos.
"Se los llevan sin desayunar y me avisan cuando ya está en Ejea"
A Joaquín Soguero, hermano de José Manuel, uno de los 40 residentes, el episodio del cierre de la centro Harmonía de Garrapinillos le ha alterado. Llevó hace un año a su hermano de 72, que se mueve en silla de ruedas. Comenta que era la mejor en la que "se había sentido, sobre todo con la comida que recibía y le gustaba".
"Se los han llevado a las 8.30 sin desayunar y, como si fuera un secuestro, me han avisado a las 12.00 que lo han llevado a la residencia de Ejea", criticó Joaquín Soguero, presidente de la asociación de consumidores Informacu. "No son animales ni una granja. Nos han citado para mañana para explicar lo ocurrido y ya veremos qué dicen", agregó.
Joaquín Soguero reconoce que les remitieron hace tres meses una carta de la DGA en la que les advertía sobre la falta de documentación en la residencia, pero los dueños contaron que lo habían recurrido.
