La consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, ha afirmado este martes que el consistorio ha realizado “un acto de fe” con su adhesión al plan de rescate de la hostelería del Gobierno de Aragón, del que desconocen todavía cifras concretas y los establecimientos que han solicitado estas ayudas.

Según ha explicado Herrarte en rueda de prensa tras la reunión del Gobierno extraordinario de la ciudad, Zaragoza firmará en los próximos días el convenio para adherirse a la medida, aunque ha señalado que al ayuntamiento también le hubiera gustado dialogar y aportar a este plan, dotado con 50 millones de euros.

“La ciudad de Zaragoza hace un acto de fe, una vez más”, ha recalcado la edil, quien ha recordado que en la reunión que mantuvieron con el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, les ofrecieron unas estimaciones de la aportación con la que el ayuntamiento participaría en el plan, de 3.600.000 euros, pero todavía siguen “sin saber qué cantidad va a tener que aportar” y cuántos establecimientos han solicitado estas ayudas en la ciudad.

Herrarte, que ha deseado que esta iniciativa “vaya muy bien” y que resulte “muy útil”, ha considerado, sin embargo, que con las propuestas del ayuntamiento “se podrían haber atendido mejor las necesidades” de los ciudadanos.

Como ejemplo, la consejera ha puesto los microcréditos que lanzó el consistorio zaragozano, con los que demostró “rapidez en la gestión”, además de considerar que con las solicitudes a las ayudas a hosteleros del plan “no se han cumplido ni de lejos las expectativas”, ya que las peticiones han alcanzado las 5.573, frente a las 12.000 que se esperaban.

También ha anunciado que solicitarán que los hosteleros puedan pagar los microcréditos concedidos por el consistorio con las ayudas del plan de rescate, como sucede con los créditos ICO.

Además, ha subrayado que el criterio con el que se establecen los aforos en los establecimientos “carece de base científica” y ha pedido que el Gobierno de Aragón regule ya la calidad del aire, puesto que con estas restricciones no se garantiza la salud de las personas y se limitan los derechos al trabajo y a la propiedad.