El Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza ha condenado a 21 meses de prisión a una funcionaria de la Seguridad Social que estafó a una profesora que había impartido la asignatura de Religión durante varios cursos y quería que se le reconociese este servicio, que prestó a la Administración durante 8 años, de cara a su jubilación. La docente acudió a la empleada pública recomendada por una amiga común y confió en ella por su trayectoria profesional. Esta accedió a ayudar a la profesora, que desconocía por completo los procedimientos administrativos. Pero al poco tiempo de empezar con las gestiones comenzó a pedirle distintas cantidades de dinero que acabaron sumando 30.000 euros.

Finalmente, la juez ha impuesto una pena de cárcel inferior a dos años (21 meses). La funcionaria, que no tiene antecedentes, evitará ingresar en prisión siempre que devuelva –con intereses– la cantidad estafada a razón de 500 euros al mes. También ha de hacerse cargo de las costas de la acusación particular.

Tal y como se desprende del fallo, la condenada, con ánimo de enriquecerse y bajo el pretexto de los contactos que tenía «por su condición de funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social», simuló ayudar desinteresadamente a su conocida para que le fueran reconocidos los servicios que esta había prestado como profesora de Religión y «con el fin de que pudiera tramitar su jubilación parcial».

La mujer alegó, desde febrero de 2018 y hasta el mes de junio de ese mismo año, fingidos gastos de gestión «exigidos como provisión de fondos en el expediente a tramitar en la vía eclesial». La encausada pidió y obtuvo de la víctima cantidades fraccionadas de dinero que sacaba siempre de su cuenta corriente. Las entregas se hacían en mano y sin que se emitiera recibo alguno. De esta manera se hizo con un botón total de 30.000 euros.

Según consta en las conversaciones de Whatsapp que mantenían las dos mujeres –y que fueron aportadas a la causa– solían quedar en paradas de tranvía o en cafeterías. Entre otros motivos, la funcionaria solicitaba el dinero alegando que suplía «gastos de gestión», «apertura de expediente» y «honorarios de abogados». No obstante, según declaró la denunciante, le aseguró en todo momento que le devolvería todos los importes adelantados. También le dijo que, para agilizar los trámites, remitiría su caso a un sacerdote, del que solo le facilitó el nombre de pila.

Excusas «de toda naturaleza»

En cada una de las citas, la acusada le decía que el dinero era para obtener la firma de alguien o que la persona de contacto estaba en Madrid y que por eso su expediente se encontraba en vía muerta. Conforme fue pasando el tiempo, la profesora empezó a desconfiar, ya que cuando le pedía explicaciones le daba largas y excusas de toda naturaleza.

La estafa se prolongó en el tiempo hasta junio de 2018. Fue entonces cuando la docente, que durante el proceso ha sido representada por el letrado Santiago Palazón, acudió a la comisaría para denunciar los hechos después de que la estafadora le solicitase un último pago que ascendía a nada menos que 3.900 euros.