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La Audiencia abre el juicio por maltrato de los perros del criadero de Maella

El fiscal y la acusación piden a los dos responsables un año de prisión por tener 544 animales en muy malas condiciones.

Zaragoza, 6 feb (EFE).- La Audiencia de Zaragoza ha rechazado el recurso interpuesto por el representante legal de una pareja de criadores de perros en la localidad de Maella investigados por maltrato...
Investigan a dos personas por un delito de maltrato animal en Maella
Investigan a dos personas por un delito de maltrato animal en Maella
Guardia Civil

La Audiencia de Zaragoza ha decidido que hay indicios suficientes del delito de maltrato de los animales con el hallazgo de 544 perros el pasado mes de junio por el Seprona de la Guardia Civil de Caspe en un criadero ilegal encontrado a las afueras de Maella.

Un ciudadano inglés de 69 años era el dueño y una amiga rumana, de 50, tendrán que sentarse en el banquillo por la decisión de la sección tercera de la Audiencia, que desestimó el recurso de la abogada defensora pidiendo el sobreseimiento contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Caspe.

Condiciones higiénicas deplorables

Los agentes del Seprona encontraron los animales en unas condiciones higiénicas sanitarias deplorables y tuvieron que trasladarlos desde la finca ilegal de Maella al Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) de Zaragoza en la Cartuja Baja, donde pudieron acoger a 190 perros. La mayoría se enviaron a una protectora de Madrid.

El magistrado Miguel Ángel López y López de Hierro manifestó en el auto de la Audiencia que resultan "plenamente razonables las conclusiones del juez instructor del procedimiento para dictar el auto de continuación" y desestimar el recurso de la defensa de los implicados.

En este sentido, la decisión de la Audiencia de Zaragoza sostiene la posición del Ministerio Fiscal y de la acusación particular que ejerce Jorge Piedrafita, en nombre de Anadel (Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad), que concluyen pedir un año de prisión por un delito de maltrato animal.

El letrado Jorge Piedrafita sostiene que los dos implicados pudieron incurrir en el delito del artículo 367 del Código Penal porque se acreditó los hechos punibles de maltrato animal, si bien considera que tiene "unas penas demasiado escasas".

Frente a la posición de la defensa de los implicados que no sería un delito sino una mera falta administrativa, la acusación sostiene que la prueba realizada por el juez instructor determinó que los animales estaban en un deplorable estado de cuidados y de salud. "La Audiencia ha desestimado el recurso de los investigados y recogió los argumentos de la acusación porque hay prueba indiciaria objetiva suficiente para la apertura de juicio oral y los hechos son de una gravedad dentro del delito de maltrato animal", señaló Piedrafita.

Mil peticiones para adoptarlos

La repercusión de la noticia que difundió Seprona de la Guardia Civil tuvo tal difusión que la CMPA de Zaragoza recibió más de 1.000 peticiones para adoptar a los animales maltratados. Pero mientras que el proceso judicial está abierto no se podía permitir.

Los agentes del Seprona empezaron la investigación en el mes de marzo ante la posibilidad de que existía una finca destinada a criar perros. Antes de dedicarse a esta función, se utilizó como cría de conejos y por eso algunas de las jaulas utilizadas para los canes procedían de esos animales. Asimismo, confirmaron que el lugar estaba alquilado a un hombre de nacionalidad británica que se dedicaba a la cría de perros de diferentes razas.

Los guardia civiles identificaron todos los perros de la finca, que eran 544. De ellos, 294 eran adultos y 250 cachorros. Procedían de las razas como Bichón Maltés, Caniche, Yorkshire, Pomerania, Chichuahua, Shih Tzu y Ratonero Valenciano. De los ejemplares adultos, 161 no estaban identificados con microship.

Además, se comprobó que el propietario de la finca carecía de autorización de núcleo zoológico y otros documentos oficiales necesarios para realizar la cría de perros. Aun así, entregó 139 pasaportes y cartillas sanitarias para animales de compañía para analizarlas en el Seprona.

"Desde Anadel, pese a los escasos recursos de que se dispone, se seguirá trabajando sin descanso para lograr unas penas más duras en la legislación que salvaguarden los derechos de los animales y estos hechos no salgan gratis", concluyó el letrado Jorge Pedrafita de la acusación.

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