Zaragoza aprueba pedir ser declarada zona catastrófica ante el hundimiento de su economía por la covid-19

El último pleno del año en el Ayuntamiento de Zaragoza ha estado marcado por el enfrentamiento y la tensión. La discusión sobre las vías para gestionar la crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19 ha agudizado el antagonismo de los bloques de izquierda y derecha desde el primer minuto hasta el último, cuando los ediles de PP, Cs y Vox han impuesto su mayoría para sacar adelante una petición al Estado: que Zaragoza sea declarada zona catastrófica ante el "hundimiento de la economía" que ha causado la crisis.

Toda la sesión ha basculado sobre la crisis económica. En primer lugar, se han debatido las modificaciones presupuestarias para utilizar los 40,5 millones de euros de remanente de 2019. Con los votos de PP, Cs y Vox se ha aprobado que ese dinero atienda deudas del Ayuntamiento con las grandes contratas (37,9 millones)y con entidades financieras (2,6).

"No vendemos imposibles"

El debate ha sido bronco. Toda la izquierda, que había presentado propuestas para destinar esos fondos para los hosteleros, comerciantes, taxistas o trabajadores del sector de la cultura, ha exigido ayudas directas para todos estos colectivos. Muy dura, la concejal de Hacienda, María Navarro, ha atacado la "demagogia" de los grupos de izquierdas y su intento de "politizar" un expediente que se sustenta en los informes técnicos y en las indicaciones del Gobierno de España.

"Este gobierno no se ha opuesto a las ayudas directas, pero no vendemos imposibles. Ya nos hubiese gustado que no habernos encontrado con la ingente cantidad de euros pendientes de pagar y no tener que destinar 40 millones de euros a pagar deudas que ustedes han generado", ha dicho.

La izquierda no se cortó. Ros Cihuelo, del PSOE, sostuvo que la decisión de no destinar "los ahorros" de los zaragozanos a los sectores afectados por la crisis "estaba tomada hace tiempo" y acusó al gobierno de pagar al gobierno al grupo Avanza y al multimillonario Carlos Slim (máximo accionista de FCC) en lugar de dar ayudas directas a los comerciantes o a los hosteleros.

Para ZECy Podemos, Navarro es "una mentirosa" por sostener que no tenía otra opción. "No hay obligación legal de utilizar el remanente para lo que usted dice. Es cinismo", dijo Fernando Rivarés (Podemos). "Tienen 40 millones para ayudar a la gente, pero los dejan tirados", dijo.

El gobierno no solo recordó que los gobiernos de izquierdas, como el de la DGA o el Gobierno central, no han dado apenas ayudas directas, sino que detalló las bonificaciones fiscales, los microcréditos y las campañas de dinamización del consumo acordados por el Ayuntamiento. "La comunidad de Aragón ha dedicado 11 millones a la hostelería en ayudas directas que tocan a mil euros por bar. Un 0,14% de su presupuesto habiendo recibido 400 millones directos del Gobierno de España. El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido cero», protestó la vicealcaldesa, Sara Fernández. El gobierno recibió el apoyo del portavoz de Vox, Julio Calvo, que recordó que la obligación de destinar los 40 millones del remanente al pago de facturas pendientes lo ha puesto el Ministerio de Hacienda, en manos de un gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

El debate no se ha enterrado en la votación de este expediente, que ha salido aprobado con los votos del PP, Cs y Vox y el rechazo de los grupos de izquierdas. Podemos ha presentado una moción para incluir ayudas directas en el próximo presupuesto, todavía pendiente de presentación. El gobierno PP-Cs no se cerró a esta opción, siempre y cuando llegaran fondos de otras instituciones, pero quiso que el texto de la propuesta incluyera las medidas que se han puesto en marcha hasta ahora. Podemos se negó. No obstante, la abstención de Vox posibilitó que el Consistorio acordara estudiar la inclusión de las ayudas directas en las futuras cuentas.

Zona gravemente afectada

La sorpresa llegó al final. Después de haber intentado pactar una declaración institucional, PP y Cs presentaron una moción de urgencia para que el Gobierno de España declare a Zaragoza zona catastrófica con el objetivo de poder acceder a medidas "específicas y exclusivas" de recuperación favorables y ayudas a los sectores afectados por la crisis. Esta propuesta tiene como precedente una iniciativa del PAR en la Diputación de Huesca para los valles afectados por el cierre del turismo de nieve y a Ayuntamientos como el de Granada, gobernado por Cs.

"Juegan con el dolor de las personas en la mayor pandemia. ¿Se puede ser más insolidario?", atacó la portavoz socialista, Lola Ranera, que planteó una transacción in voce para ampliar las deducciones fiscales y ayudas directas para los sectores afectados por la crisis. Podemos habló que "declaración simbólica" y ZEC, aunque al final se abstuvo, atacó duro al gobierno diciendo que "la afección más grave es que aquí gobierna la derecha y la ultraderecha".

Para el gobierno, la declaración estaba justificada, por ser una de las ciudades de Europa que más sufrió la crisis este verano y exigió a los grupos de izquierda que defienda su ciudad mientras les tachaba de "oportunistas baratos", en palabras de María Navarro. "Insolidaridad, ninguna", ha zanjado Sara Fernández.

El alcalde, Jorge Azcón, ha cerrado el debate con un mensaje en las redes sociales. "Nuestra ciudad es, a nivel nacional y europeo, una de las más duramente afectadas por las continuas y severas oleadas del covid. Por eso, necesitamos que se active un plan especial de rescate económico que ayude a sectores tan estratégicos como hostelería, comercio y turismo", ha dicho.