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Un exedil de Cadrete, a juicio por presunta prevaricación en la compra de vallas por 53.110 €
Un concejal de Cs denunció al que fuera en 2015 responsable de Urbanismo y Obras Públicas (PAR) y pide para él penas de inhabilitación y prisión.
El exconcejal de Urbanismo, Servicios y Obras Públicas del Ayuntamiento de Cadrete, Juan Jesús Gracia, será juzgado el próximo noviembre en la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de fraude que le atribuye el actual edil de Protección Civil y segundo teniente de alcalde del Consistorio, Alberto Martínez, de Ciudadanos.
En la vista oral se dilucidará si Gracia, entonces concejal del PAR, contrató de manera irregular con la empresa Masena SL el suministro de vallas para el municipio por un importe de 21.080 euros en 2015 y de 32.030 €, en 2016. Es decir, un gasto total en vallas en dos años de 53.110 euros que el edil de Cs mantiene se hizo sin sacarlo a concurso público y troceando las facturas en importes inferiores a los 2.000 euros.
Para la acusación particular, a cargo de la abogada Sonia Calvete, la actuación del exconcejal de urbanismo constituye un delito de prevaricación continuada, por el que pide 15 años de inhabilitación, y otro de fraude, por el que solicita seis años de cárcel. Sin embargo, no son de la misma opinión ni la Fiscalía, que no acusa, ni la letrada de Juan Jesús Gracia, Susana Izcara, que solicita la absolución de su cliente por entender que no existe delito.
La acusación particular aprecia que ese importe (que considera desmesurado para un pueblo de 4.000 habitantes) supera "con creces" el límite que establece la norma que exige que para importes superiores a 18.000 euros se saque a concurso público. En este caso, asegura que el entonces concejal de Urbanismo prescindía "total y absolutamente" del procedimiento legal y adquiría las vallas siempre de idéntica forma. Es decir, las compraba a la misma empresa y por importe inferior a 2.000 euros cada factura. "Llegó a emitirse incluso hasta tres facturas por esa cantidad en una misma fecha", afirma.
Esta forma de maniobrar demuestra, según la acusación, que el concejal era "plenamente consciente" de lo que hacía, puesto que sabía que si no superaba ese importe y fraccionaba los pagos daba a su actuación la "apariencia de legalidad". Recuerda que a partir de 2017, cuando el secretario-interventor del Ayuntamiento formuló reparo en la Junta de Gobierno, la compra de vallas se frenó "abruptamente".
Por su parte, la defensa de Gracia cree que la denuncia que dio fruto a esta causa proviene de desavenencias de los dos protagonistas, que llegaron a coincidir en el PAR. Explica que el juzgado llegó a sobreseer la causa, aunque la Audiencia ordenó reabrirla y que se dictara auto de apertura de juicio oral aunque solo por la presunta prevaricación en la contratación de las vallas, ya que la acusación de supuesto fraude fue archivada definitivamente. El juzgado número 7, encargado de la causa, tampoco apreció que existiera una responsabilidad civil para el Ayuntamiento de Cadrete como perjudicado, ya que en ningún momento se ha personado como tal.
