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Zaragoza

PP-Cs recuerda que la sentencia del Supremo sobre el autobús "es de incumplimientos del pasado"

La portavoz del Gobierno de Zaragoza, María Navarro, ha recordado que la sentencia del Supremo que ratifica al TSJA no es del Gobierno PP-Cs.

La concejal de Hacienda, María Navarro, y la edil de Economía, Carmen Herrarte, en la rueda de prensa de este miércoles.
La concejal de Hacienda, María Navarro, y la edil de Economía, Carmen Herrarte, en la rueda de prensa de este miércoles.
Daniel Marcos / Ayto.

La portavoz del Gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos, María Navarro, ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula varias cláusulas de la contrata del autobús urbano de Zaragoza, "es de incumplimientos del pasado y no del actual equipo de gobierno".

María Navarro ha indicado que no ha tenido tiempo de leer con detenimiento la sentencia y ha subrayado que el Gobierno de la ciudad "cree" en la separación de poderes. "Acataremos cualquier sentencia".

En rueda de prensa, María Navarro ha señalado que "errores en la contratación ha habido muchos en el pasado" para abundar: "cuando leamos la sentencia tendremos un criterio".

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento tiene una situación económica "complicada". "Es muy importante saber que todo lo que hacemos es con recursos propios y todas las gestiones del pasado que han costado de 100 a 150 millones de euros de pago de sentencias alguien tendrá que dar explicaciones".

En este sentido, ha detallad que el Gobierno PP-Cs ha pagado 36 millones del Fondo de Impulso Económico (FIE) dedicado al abono de sentencias judiciales condenatorias; otros 33 millones de euros de revisiones de precios de ejercicios anteriores y el pasado año se tuvieron que abonar 34 millones de intereses de demora por sentencias condenatorias no pagadas.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula varias cláusulas de la contrata del autobús urbano de Zaragoza, que se adjudicó en 2013 por 800 millones de euros a la empresa Avanza por diez años prorrogables por otros cinco. Algunas de esas claúsulas se refieren al tipo de empresa, la experiencia previa que se exigía, la presentación de las cuentas de los tres ejercicios anteriores, además de una declaración sobre el volumen de negocio como uno de los criterios para probar la solvencia económica de los candidatos a la contrata municipal.

El TSJA consideró, entre otros aspectos, que el requisito de la experiencia previa como "un trato discriminatorio y no proporcional" y como una "barrera infranqueable" que daba "un trato desigual a los licitadores" y creaba "una situación de ventaja y contraria a la normativa" a favor de la multinacional, cuando el mero hecho de "haber sido trabajador de la empresa de transportes conlleva solvencia" para optar a la adjudicación.

Estos condicionantes supusieron la eliminación de la Cooperativa Urbana de Trabajadores, la mutualidad de los empleados de ese servicio público que gestiona una contrata y que quería optar a la adjudicación por lo que recurrieron judicialmente el concurso que ahora ha fallado el Supremo en respuesta al recurso de casación de la empresa.

En el plazo de dos meses el Ayuntamiento de Zaragoza puede optar entre rescindir el contrato y tramitar un nuevo concurso, lo que incluye liquidar el actual; municipalizar el servicio o indemnizar a la cooperativa de trabajadores en caso de que lo soliciten.

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