La juez pregunta al Royo Villanova qué daños causó el saboteador a los enfermos de la uci

La juez que instruye el caso contra Alberto P. G., detenido por intentar asesinar a tiros al jefe de mantenimiento de los distintos servicios sanitarios del Sector I del Salud, se ha dirigido al Hospital Royo Villanova para que le informe de los daños que esta persona pudo causar a tres enfermos muy graves de la covid-19 que estaban ingresados en la uci que supuestamente saboteó.

La magistrada investiga a Alberto P. G. no solo por tentativa de asesinato, sino también por un delito de estragos y otro de daños, entre los que se encuadrarían los sufridos por los tres pacientes que se encontraban en la zona de aislamiento de la cuarta planta.

El agresor, según concluyó la Policía, dentro de su escalada para vengarse por haber sido despedido por no superar el periodo de prueba, se hizo con una copia de la llave del cuarto eléctrico del hospital y manipuló los cuadros para dejar sin luz esa zona. A consecuencia de la desconexión del sistema eléctrico, los médicos tuvieron que practicar maniobras de reanimación a los tres pacientes, ya que los respiradores a los que estaban conectados dejaron de funcionar. La parada duró medio minuto, el tiempo que tardaron en entrar en funcionamiento los equipos electrógenos.

La instructora ha solicitado al centro sanitario una copia de la historia clínica de cada enfermo, que le informen de cómo se encuentran en la actualidad y que le digan el nombre de los médicos que tuvieron que practicar las maniobras de reanimación a los tres pacientes.

El 18 de marzo de madrugada

El sabotaje se produjo entre la 1.00 y la 1.30 del 18 de marzo, cuatro días después de decretarse el estado de alarma y cuando las ucis de los hospitales ya atendían a pacientes muy graves por coronavirus. El cuadro eléctrico general del centro está situado en un cuarto independiente al que solo se puede acceder con llave, ya que está siempre cerrado.

Los hechos fueron denunciados pero en ese momento no se detuvo a nadie. No fue hasta el 6 de abril, cuando J. V. S., el ingeniero técnico jefe de mantenimiento del Sector I, fue tiroteado por un individuo cuando salía del garaje de su casa para ir a trabajar, cuando todas las sospechas recayeron sobre Alberto P. G.

Esta persona había sido despedida el 13 de noviembre de 2019 por no superar el periodo de prueba, decisión que no encajó y así se lo hizo saber al que hasta entonces había sido su jefe, J. V. S., a la ingeniera jefa y a la responsable de personal.

A la primera la amenazó e incluso le enseñó el móvil con un vídeo de una pistola que disparaba a una sandía y la destrozaba y le dijo: "Esto te va a pasar a ti". A la segunda le rajó, presuntamente, las cuatro ruedas del coche cuando lo tenía aparcado en su lugar de trabajo, una acción que denunció sin poder identificar al autor.

J. V. S. fue abordado por un individuo vestido de negro y con una braga tubular cubriéndole la cara. No le pudo ver el rostro pero, a preguntas de la Policía, identificó al agresor por su "mirada de odio", la misma que le dedicó el día que lo despidió. Desde ese día, todas las piezas empezaron a encajar.

Productos para explosivos

La Policía averiguó que el 12 de marzo Alberto P. G. fue a Morata de Jalón y Arándiga (Zaragoza), donde tiene tres viviendas, terrenos y un fuerte arraigo familiar. Su intención al hacer este viaje, dos días antes de que se restringieran los movimientos por el estado de alarma, era "probablemente" buscar el arma de fuego con la que pensaba matar a su exjefe. Un mes después, el 15 de abril, los investigadores lo arrestaron cuando regresaba de nuevo de Morata y Arándiga, a dónde creen que fue a ocultar el arma, en un vehículo con placas falsas de matrícula. Dentro de la furgoneta llevaba un saco de 15 kilos de fertilizantes, dos litros de acetona, un bote con polvo de aluminio, ácido clorhídrico, bicarbonato sódico, ácido sulfúrico, agua oxigenada y una báscula de pesaje.

Aunque no declaró ante el juez de guardia, donde fue asistido por la abogada Carmen Sánchez, dijo que esos productos los había adquirido porque se dedica a labores agrícolas y tiene colmenas en Arandiga. Sin embargo, encontraron en su poder manuales para fabricar bombas lapas y elementos electrónicos. Lo que no se ha hallado aún es la pistola.

Tiros en el pecho, la espalda y el pie

Alberto P. G. disparó entre seis y ocho veces contra su exjefe, el ingeniero técnico J. V. S., cuando el 6 de abril salía de su casa para ir a trabajar y tuvo que bajarse de su coche para retirar una bicicleta que le impedía salir del garaje. En ese momento, un individuo joven, delgado, de estatura normal, que vestía de negro, se dirigió hacia él y sin articular palabra, cogió la bandolera que llevaba y la levantó.

La víctima declararía luego que pensó que le estaba pidiendo que le levantara las manos para robarle, pero que cuando se encaró con él, sacó de la bandolera una pistola y mirándole con "odio" pero sin decir nada, le apuntó y le disparó en el pecho. Herido, se giró para meterse en el vehículo y entonces notó otro disparo en un pie, lo que le hizo caer al suelo y un tercero que le alcanzó en la espalda. A partir de ese momento se quedó agarrotado en el suelo y sin poder defenderse y comenzó a gritar. Antes de que llegaran los vecinos para auxiliarle, logró levantarse, llegar al bordillo y sentarse. Allí lo atendieron e instantes después se presentaron varias dotaciones policiales.

El herido fue ingresado en el hospital Miguel Servet en estado muy grave y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Al principio se temió por su vida, pero afortunadamente se recuperó de sus lesiones.

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