El TSJA confirma que la ampliación del servicio Bizi era ilegal y abre la puerta a indemnizaciones

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado que la ampliación del servicio Bizi que aprobó en 2017 el entonces gobierno de ZEC fue ilegal. Así se recoge en una sentencia que rechaza el recurso que interpuso el Ayuntamiento contra el fallo del Tribunal de Contratos (Tacpa) por el cual se anulaba el plan para instalar 120 nuevas estaciones. Los jueces avalan ahora aquella decisión, ya que creen que se estaba cometiendo una adjudicación directa.

Con este fallo judicial se da carpetazo a una polémica que comenzó hace tres años, cuando ZEC, en el gobierno de la ciudad, modificó el contrato del servicio Bizi, en manos de Clear Channel, para instalar 120 nuevas terminales y poner en funcionamiento 1.200 bicicletas más por varios distritos de Zaragoza. Los impulsores de la medida se ampararon en los informes favorables de la Asesoría Jurídica municipal, pese a que el Consejo Consultivo de Aragón se pronunció en contra hasta en dos ocasiones.

Por ello, el ahora alcalde y entonces portavoz de la oposición, Jorge Azcón (PP), llevó el caso al Tribunal de Contratos, que le dio la razón al ver en este cambio «una adjudicación directa ilegal». El gobierno de ZEC acordó en diciembre de 2017 interponer un recurso contencioso administrativo, que fue admitido a trámite. En la demanda se solicitó a la sala la aplicación de medidas cautelares, pero fueron desestimadas, por lo que la ampliación se paralizó hasta la decisión que ahora se acaba de conocer.

En concreto, el TSJA rechaza todos los argumentos que el Ayuntamiento puso encima de la mesa para seguir adelante con la modificación del contrato. Según defendió ZEC, el ordenamiento jurídico vigente permitía llevar a cabo un procedimiento negociado sin publicidad y, en consecuencia, una modificación como la aprobada sin necesidad de licitar una oferta pública. Sin embargo, los magistrados advierten de que «se introducen en el contrato inicial modificaciones sustanciales que afectan al contenido esencial del mismo, que solo es posible realizarlas mediante la adjudicación de un nuevo contrato».

La ampliación «implicaba que, frente al pago de la retribución que venía rigiendo –mediante los ingresos de publicidad y las tarifas de los usuarios– el Ayuntamiento tendría que abonar a la empresa directamente 8.421.978 euros más IVA», señala el fallo, que concluye que por ello se trata de «una modificación sustancial».

Cuestión de legitimidad

Al margen de este asunto central, el Consistorio también cuestionó tanto la legitimidad de Azcón para interponer un recurso especial ante el Tacpa, como la del propio Tribunal de Contratos para resolver sobre el asunto. En ambos casos, el TSJA rechaza los argumentos que planteó la Asesoría Jurídica con ZEC en el gobierno. Por un lado, la sala considera que el portavoz de la oposición tenía potestad para emprender acciones contra la ampliación del servicio tanto por la legislación vigente como por la jurisprudencia.

También considera oportuna la intervención del Tacpa, al considerar que «la modificación de un contrato, en cuanto suponga o constituya una nueva adjudicación ilegal, tiene encaje en los referidos supuestos susceptible de recurso especial».

El fallo del TSJA, que ya ha sido comunicado a las partes, solo permite interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, algo improbable con PP-Cs en el gobierno municipal y por los escasos escenarios en los que pueden prosperar este tipo de alegaciones.

Por ello, ahora se abre la puerta al pago de posibles indemnizaciones a la empresa concesionaria, Clear Channel, que incluso llegó a instalar las primeras estaciones de la frustrada ampliación. La entonces concejal de Movilidad, Teresa Artigas, presentó ante los medios cinco nuevos puntos de anclaje en Vía Ibérica, pero nunca se llegaron a poner en marcha por la paralización del proceso por parte del Tacpa. Además, la modificación del contrato también incluía la ampliación del horario del Bizi y la creación de un servicio de atención telefónica con prefijo 976, mejoras que también se vieron afectadas.

En cuanto a las posibles indemnizaciones, la concesionaria gastó 11.006,16 euros en la instalación de las paradas ‘fantasma’ que nunca se estrenaron. Pero la compensación podría ser mayor si se tiene en cuenta que, para cubrir la ampliación, la compañía se hizo con cientos de bicicletas que llegaron hasta el puerto de Barcelona procedentes de México con un diseño supuestamente exclusivo para la ciudad.