La frustrada ampliación del Bizi ha tenido, por el momento, una única consecuencia para el Ayuntamiento: la reclamación de Clear Channel del gasto que le supuso la instalación de las cinco estaciones ‘fantasmas’ en el sur de la ciudad que no llegaron a entrar en funcionamiento. En total, 11.006,16 euros. Esa fue, al menos, la respuesta que ofreció ayer el equipo de gobierno municipal sobre este asunto. Sin embargo, en la plaza del Pilar no se escapa que la indemnización a la empresa de Bizi puede ser mucho mayor. La compañía se hizo con cientos de bicicletas para cubrir la ampliación y, por unos días, tuvo en su mano una extensión del contrato actual, cuyos costes se valoraban en 10,2 millones hasta 2023.

El asunto se trató ayer en la comisión de Servicios Públicos del Consistorio, en la que el grupo municipal del PP pidió la comparecencia de la coordinadora del área, Mamen Sancho, para que contara las negociaciones que se habían entablado con la empresa para tratar la liquidación de la fallida ampliación. Sancho dijo que "la única valoración de costes que ha hecho la empresa" es la que tuvo que asumir por la instalación de las cinco famosas estaciones fantasmas, que se llegaron a colocar (y desmontar) en Vía Ibérica y en Valdespartera.

La coordinadora del área hizo un repaso por la historia de este contrato, que calificó de "peculiar" y "muy inusual". Para empezar, porque lo preparó antes de la Expo la sociedad Expoagua, y luego lo "heredó" el Ayuntamiento. Y, además, porque su duración es más larga de lo normal (15 años) y el modo de compensar a la empresa –explotar la publicidad de los mupis–, tampoco es habitual.

Sobre la ampliación, afirmó que el gobierno se apoyó en el visto bueno de la asesoría jurídica, a pesar de los informes contrarios del Consejo Consultivo de Aragón. Luego llegó el recurso presentado por el portavoz del PP, Jorge Azcón, y la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón (Tacpa), que frustró la ampliación del Bizi a varios barrios con 120 estaciones y 1.200 bicicletas más.

El gobierno municipal recurrió ese fallo a la justicia ordinaria, que aún no se ha pronunciado. Mamen Sancho dijo que es difícil "adivinar lo que hay que pagar" hasta que no haya "una resolución judicial". Aunque confió en que la sentencia sea favorable al Ayuntamiento, apuntó que hay que "esperar a que sea ilegal –la ampliación– para ver qué consecuencias tiene".

Por parte de Clear Channel eludieron ayer hacer declaraciones, y no quisieron cifrar la inversión que supuso para ellos la compra de bicicletas, que llegaron hasta el puerto de Barcelona procedentes de México con un diseño supuestamente exclusivo para la ciudad. El coste de la primera fase de la ampliación se cifró en su día en más de 900.000 €.

El concejal del PP Sebastián Contín, que preguntó por este asunto, dijo que la pregunta del coste de la frustrada ampliación "queda en el aire" y se felicitó por que el recurso que presentó Azcón evitó peores consecuencias de una ampliación "que nunca se va a hacer".