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Condenada una empresaria por no pagar al abogado que la defendió en 8 pleitos
La acusada vendió bienes de una sociedad para no abonar los honorarios al letrado. La Audiencia Provincial de Zaragoza le impone tres años y medio de cárcel por insolvencia punible y falsificación de documentos mercantiles.
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a la empresaria Ana María L. D. a tres años y dos días de prisión como autora de un delito de insolvencia punible y otro de falsificación de documentos mercantiles que cometió para no pagar a su abogado los 58.248 euros de la minuta que le abonaba por los pleitos en los que la había representado.
El tribunal de la Sección Sexta la condena también al pago de una multa de 1.440 euros, a que indemnice al letrado con la cantidad adeudada más los intereses legales y al abono de las costas judiciales, incluidas las de la acusación particular ejercida por Alejandro Aldea Castiella.
La Audiencia considera probado que, a mediados de 2010, la acusada acudió al despacho de un abogado zaragozano para encomendarle la dirección de diversos litigios que tenía abiertos en Tarragona, Huesca y Zaragoza en relación con la sociedad mercantil Deutsche Gas S. L., de la que fue administradora única desde 2009 hasta 2012.
El letrado intervino en ocho procedimientos, la mayoría civiles y uno de ellos por estafa. Durante su tramitación, fue pidiendo a la cliente provisión de fondos. En octubre de 2010, el abogado le solicitó 12.460 euros como pago del 40% que le adeudaba hasta la fecha por el procedimiento seguido en Huesca.
Según recoge el fallo judicial, la acusada le mandó un pagaré con ese importe, que fue cobrado por el letrado. Un año después, el profesional le reclamó el 60% restante de sus honorarios y la empresaria, en un correo electrónico, admitió que se los debía, pero le decía que le pagaría en cuanto dispusiera de dinero en efectivo.
En ese momento, le adeudaba 58.248 euros y, en vez de pagarle, la acusada "decidió escamotear" los únicos bienes propiedad de Deutsche Gas S. L., dice la sentencia. Para ello, junto con otra persona que no ha podido ser juzgada al estar en paradero desconocido, procedieron a comprar para sí mismos los únicos dos bienes inmuebles titularidad de la mercantil. Uno de ellos, situado en La Muela, valorado en 579.000 euros y otro, en Huesca, valorado en 1.013.030 euros.
A través de sendas escrituras públicas, Ana María L. D. actuó como compradora y vendedora, porque en esa fecha todavía era la administradora y representante legal de Deutsche Gas S. L., y se adjudicó el 30% de los bienes (el 70% se lo atribuyó el cómplice en esta operación).
Así, el inmueble de La Muela (un suelo de 1.333 metros cuadrados con una nave industrial de 800 metros) se lo compró por un valor ficticio de 49.000 euros, que ni siquiera fue pagado puesto, como recoge el fallo, no se detectó en esa fecha ningún ingreso a favor de la sociedad mercantil.
Lo mismo ocurrió con la propiedad de Huesca, un solar de 1.555 metros cuadrados con una nave construida de 1.121 metros. El inmueble fue vendido por la empresaria a ella misma por 250.000 euros, precio ficticio, según los magistrados, que tampoco fue abonado a Deutsche Gas S.L. Las dos propiedades estaban gravadas con hipotecas que la acusada se comprometió a amortizar.
De esta forma, Ana María L. D. y el otro individuo "incorporaron gratuitamente" a sus respectivos patrimonios esos bienes, provocando la "total descapitalización" de la sociedad mercantil y "truncando las expectativas de cobro" de sus acreedores, entre ellos las de su abogado.
En julio de 2012, el letrado le requirió de nuevo el pago y, ante la ausencia de respuesta, promovió dos procedimientos de jura de cuentas, que no pudieron hacerse efectivas ante la total insolvencia de Deutsche Gas.
"Para colmo", dice el tribunal, la acusada remitió un correo al abogado en el que le pedía que le "aconsejara" qué hacer con los bienes de la mercantil (que ya se había autovendido) y los suyos propios, porque un tercero se quería quedar con todo y quería poner sus propiedades a "buen recaudo". Finalmente, fueron los bancos quienes se quedaron los dos inmuebles al no pagar las hipotecas.
La Audiencia rechaza los argumentos de la acusada de que había pagado lo debido al letrado en dinero en metálico y opaco al fisco en su despacho profesiona y le dice que esa afirmación está "huérfana" de prueba alguna. "Además carece de lógica alguna pagar 58.248 euros sin exigir un recibo, siquiera en documento privado", señalan los magistrados.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
