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El impago de la minuta de casi 60.000 €
a su abogado puede llevarle a la cárcel
La Audiencia Provincial juzga a una zaragozana a la que la Fiscalía acusa de un delito de alzamiento de bienes.
Una vecina de Zaragoza se enfrenta a una pena de tres años de cárcel como presunta autora de un delito de alzamiento de bienes por no abonar la minuta de su abogado, quien le ha denunciado por una deuda cercana a los 60.000 euros, correspondientes a dos años de asesoramiento legal.
Ana L. D. fue juzgada este lunes por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Entre 2001 y 2009, la mujer fue administradora de una empresa dedicada a la comercialización y transporte de gas que solo trabajaba con un proveedor: una compañía energética alemana. En 2009, la multinacional rescindió el contrato y la mercantil zaragozana quebró, según las explicaciones que brindó la acusada en la Audiencia.
La ruptura comercial provocó entre ambas compañías un cruce de demandas de diferente naturaleza, por lo que Ana L. D. buscó asesoramiento legal y, aconsejada por su marido, contrató los servicios del hoy querellante, que le asistió entre 2010 y 2012.
La mujer afirmó durante la vista oral que en esa etapa giró a su antiguo abogado varios pagarés y transferencias por 12.400, 5.700 y 3.000 euros en concepto de provisión de fondos y le pagó "al menos 40.000 en efectivo". "Cada vez que iba a su despacho le pagaba y no me daba justificante", manifestó a preguntas de la fiscal la acusada, que solo contestó a la acusación pública y a su letrado.
La acusada precisó que durante esos años, el ahora denunciante le recomendó que pusieran a nombre de los administradores de la mercantil dos naves que esta tenía en La Almunia y Huesca. "Fue su idea porque nos estaban ganando todos los juicios", aseveró. Precisamente, la Fiscalía puso el foco sobre esta operación, pues la consideró "una compraventa ficticia". "La descapitalización e insolvencia que se creó tenía la finalidad de no pagar a los acreedores", dijo el ministerio público, que solicitó una pena de tres años de prisión.
La acusación particular, ejercida por Alejandro Aldea del despacho Goya, también exigió una condena por un delito de falsedad documental y por otro de insolvencia punible o alternativamente por alzamiento de bienes. "Nadie en su sano juicio abona 60.000 euros (la cantidad que reclama en concepto de responsabilidad civil) en efectivo sin ningún justificante", afirmó este letrado, que señaló que la compañía podría haberse beneficiado de diferentes beneficios fiscales de haber pagado este dinero por otros cauces.
La defensa, a cargo de Gabriel González Tirado de Lex Abogacía, exigió la libre absolución porque estimó que no hay "ni tipo, ni conducta antijurídica, ni culpa". Además, consideró que la causa es "una querella a la catalana": se utiliza el procedimiento penal para una reclamación civil.
