El gobierno municipal de PP y Ciudadanos va a tramitar de forma inmediata el plan de viviendas en la antigua factoría de Averly. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha anunciado este lunes que el gobierno municipal aprobará el próximo viernes los proyectos de reparcelación y de urbanización para este sector, en el que se levantarán alrededor de 200 viviendas con edificios de hasta 12 alturas.

Con este trámite, se pretende desbloquear la situación de esta polémica promoción, ubicada en la antigua fundición del paseo de María Agustín, y que compartirá parcela con un equipamiento municipal en la zona protegida de Averly en el que se instalará –previsiblemente– un museo. Desde la constructora Brial apuntan que, si los trámites siguen su cauce, esperan comenzar la comercialización de los pisos a lo largo del año que viene. El tortuoso y polémico peregrinaje de este proyecto ha hecho que los plazos se retrasen notablemente, ya que en 2018 confiaban en poder haber iniciado las obras a lo largo de este 2019. El asunto lleva atascado en los despachos de Urbanismo desde 2013, y ha levantado críticas por la destrucción del patrimonio industrial que, a juicio de algunos partidos y asociaciones, ha supuesto.

Este lunes, en la gerencia de Urbanismo, se ha dado otro de los pasos que hacían falta para que se desbloqueara la situación. Con los votos del gobierno PP-Cs, del PSOE y de Vox, se ha aprobado un convenio entre el Ayuntamiento y la propiedad del suelo por el cual el Consistorio le vende a Brial una pequeña pastilla de suelo de 290 metros cuadrados necesaria para acometer el proyecto. Tras un tira y afloja que llevó el posible pago desde los 373.000 euros hasta algo más del millón, finalmente el acuerdo se ha cerrado en alrededor de 600.000 euros.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, defendió la firma del convenio y aclaró que en este documento «ni se modifica el proyecto ni se toca la catalogación» de la vieja factoría. Tanto Vox como el PSOE respaldaron la firma, aunque los socialistas pidieron que se eliminara una cláusula que, de forma ambigua, dejaba abierta la posibilidad de que los propietarios hicieran el pago al Ayuntamiento con locales o propiedades en vez de con dinero.

Las críticas llegaron del lado de ZEC y Podemos. El portavoz de los comunes, Pedro Santisteve, habló de «urbanismo a la carta» y calificó de «regalo a los amiguetes» el precio fijado en 600.000 euros. Además, dijo no estar de acuerdo en que el pago se haga con dinero, y pidió que el Ayuntamiento se reserve la posibilidad de recibir a cambio suelo en esta misma pastilla para ampliar, si se cree conveniente, el museo o el equipamiento municipal que se termine levantando.

Por su parte, Fernando Rivarés (Podemos), dijo que en esta historia hay una «falta de defensa del patrimonio». «Esto se llama especulación, es hacer un proyecto a gusto del cliente», apuntó Rivarés, quien acusó a PP-Cs de ser «mayordomos de los poderes locales».

Ante el nivel de los calificativos en este y otros asuntos de la comisión de Urbanismo, Víctor Serrano recomendó a la oposición «que se lo piense bien» cuando haga «determinadas advertencias y acusaciones». «Se puede ser crítico e incisivo sin amenazar», concluyó.