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Condenada por robar 14.854 euros en joyas a la anciana de 83 años a la que cuidó un mes en verano
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha impuesto un año de cárcel a la trabajadora doméstica y 8 meses a dos amigas que vendieron las alhajas.
Le habían hecho un contrato de un mes, pero Antonia C. solo necesitó 28 días para desvalijar el joyero de la vivienda de una vecina de Zaragoza de 83 años en la que trabajaba como limpiadora y cuidadora. Después, se puso de acuerdo con sus dos compañeras de piso, Susana M. y Vanesa V., para que vendieran los anillos, colgantes, monedas y otras alhajas de oro valoradas en casi 15.000 euros. Lo hicieron por pequeñas tandas en diferentes tiendas de compro oro de la capital aragonesa, con el objetivo de no levantar sospechas.
Las mujeres, de edades comprendidas entre 28 y 59 años y vecinas de Zaragoza, pensaban que el plan que habían trazado les había salido a la perfección, pero unos cinco meses después de los hurtos la familia de la anciana se percató de lo sucedido y acudió a una comisaría de la Policía Nacional a interponer una denuncia. Un año y medio después, y tras una compleja pero exitosa investigación de los agentes del Grupo de Hurtos, la Audiencia de Zaragoza ha confirmado las penas que la titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza impuso a las tres condenadas el pasado mes de mayo, cuando se celebró el juicio en primera instancia.
Según quedó acreditado, la principal acusada, que fue condenada a 12 meses de cárcel por un delito continuado de hurto, entró a trabajar en la vivienda de la denunciante el 10 de agosto de 2017 para cubrir las vacaciones de verano de la asistenta que trabajaba durante todo el año en la casa.
Entre esta fecha y el 12 de septiembre se fue apoderando de distintas joyas de elevado valor económico que la víctima guardaba en los armarios de su habitación. Entre otros objetos, la asistenta condenada cogió una gargantilla, un colgante con forma de buda, un anillo con cabeza de ternero, una cadena de eslabones, unos pendientes y una pieza con cabeza de felino y una moneda, todas ellas fabricadas en oro, algunas incluso macizas.
De hecho, durante la instrucción del caso los peritos llegaron a la conclusión de que las joyas sustraídas estaban valoradas en 14.854 euros, aunque en las tiendas en las que las encartadas empeñaron y vendieron las alhajas solo les dieron unos 6.000.
Denuncia seis meses después
Fue la nuera de la anciana quien, en enero de 2018, sospechó que habían desvalijado el domicilio de su suegra, cuando le comentaron que la mujer que habían contratado para cuidarla se jactaba de tener dinero sin trabajar porque vendía joyas.
A pesar de que la familia transmitió a la Policía las sospechas que tenía de la asistente doméstica, no resultó fácil seguir la pista de los objetos preciosos, que se habían vendido o empeñado en tandas durante varios meses y en diferentes tiendas de compro oro. Una vez identificadas y localizadas las alhajas se procedió a la detención de las ahora condenadas. Asimismo, se efectuó un registro en el piso que compartían, donde se intervinieron más joyas, documentación y unos 1.300 euros en efectivo.
En el juicio, la principal acusada negó los hechos y dijo que la anciana le había regalado las joyas y con el tiempo las vendió, aunque según destacó la titular del Juzgado de lo Penal en su sentencia, con esta afirmación, Antonia C. se contradijo a sí misma, ya que durante la instrucción había dicho que pensaba que las alhajas eran "bisutería".
Por su parte, las otras dos acusadas manifestaron que habían vendido las joyas porque su compañera de piso les había instado a ello justificándose en que no tenía los papeles de residencia en regla. "Resulta poco creíble esta manifestación", afirmó la jueza, incidiendo en que una condenada vendió varias joyas a lo largo de tres días consecutivos sin ni siquiera negociar el precio. La magistrada también pudo escuchar la versión de los hechos de boca de la octogenaria, ya que acudió a la sala a declarar como testigo. Además, la mujer y su familia se personaron en el caso como acusación particular a través del abogado Alejandro Uriel Chaverri.
La sentencia de la Audiencia Provincial ya es firme porque las defensas de las tres condenadas no han presentado recurso de casación en el Tribunal Supremo.
