El consejo de administración de la sociedad Zaragoza Vivienda inició este martes los tramites para rescindir el contrato para construir el edificio de 80 viviendas tuteladas de Las Fuentes por los incumplimientos en los plazos de la empresa adjudicataria, Dragados. Además, hizo una primera valoración de las indemnizaciones que tendrá que abonar la contratista, que de forma preliminar y a la espera de alegaciones se han fijado en 1,1 millones de euros, sin contar otros conceptos que se podrían incorporar en el futuro, como las deficiencias constructivas que se pudieran detectar.

La resolución del contrato se justifica con los informes técnicos de la dirección facultativa de la obra, que el pasado 23 de mayo constataron que solo se había ejecutado el 22,61% de la obra, cuando debería haberse completado el 89,34%. De hecho, la obra se debería haber entregado este mes de julio. Los técnicos constataron que era "imposible" cumplir el plazo de 20 meses de ejecución de la obra. Por eso, se activó un requerimiento para la resolución del contrato.

Además se detallaron las posibles indemnizaciones: la incautación de aval bancario (269.750 euros), las retenciones del 5% de las certificaciones de obra (63.560), el lucro cesante (356.602) por las rentas dejadas de percibir, plazo de garantía de cuatro años (127.000), mantenimiento del edificio durante tres años (134.500) y las mejoras de la contratista (235.127). Por otro lado, la sociedad anuló las penalidades impuestas a la empresa, por valor de 48.600 euros por no habérsele dado audiencia. No obstante, se inició la tramitación de una penalidad de 96.000 euros por retraso final injustificado de la obra.

Meses de retraso

Ahora el proceso es largo, por lo que las obras pueden tardar meses en retomarse. En primer lugar, la empresa presentó alegaciones el pasado 8 de julio, en las que se oponía a la resolución del contrato. Por otro lado, este tipo de procesos precisan de informe preceptivo del Consejo Consultivo de Aragón. Hasta que no se obtenga ese documento queda en suspenso el plazo máximo de seis meses que establece la ley para completar la rescisión de la adjudicación.

Las obras de las viviendas tuteladas, situadas en la confluencia de las calles de Fray Luis Urbano y María de Aragón, se adjudicaron en mayo de 2017 por un precio de 5,3 millones de euros sin IVA. El proyecto preveía construir 80 pisos con servicios comunes, de los que 68 tendrían un dormitorio y los 12 restantes serían de dos. Estaba destinado a personas mayores con escasos recursos o a jóvenes en proceso de emancipación.

A mediados de 2018, la obra empezó a acumular retrasos y la empresa solicitó una modificación del contrato que la sociedad municipal Zaragoza Vivienda rechazó. Dragados fue sancionada con varias penalizaciones por mantener la obra prácticamente parada. En mayo, la contratista retiró incluso la grúa

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