La Audiencia Provincial sentó este miércoles en el banquillo de los acusados a un fotógrafo zaragozano al que la Policía Nacional detuvo en noviembre de 2016 por un supuesto delito de tenencia y distribución de pornografía infantil.El acusado, D. J. A., asegura que nunca ha utilizado su ordenador o cualquier otro dispositivo para compartir material pedófilo a través de una plataforma de internet. En cuanto a los 58 archivos de carácter sexual que la Policía Nacional halló en un disco duro intervenido en su casa y en los que aparecen niñas de corta edad, el acusado explicó que su mujer lo compró de segunda mano y desconocían que hubiera almacenado este tipo de material.

La Fiscalía considera que hay pruebas suficientes para condenar al fotógrafo y pide que se le imponga una pena de seis años de prisión y otros seis de libertad vigilada.Como medida accesoria, propone también que se le obligue a participar en un programa de educación sexual.

La defensa, a cargo del letrado Fernando Rodríguez Burgués, insistió en que "lo único cierto" es que un organismo de Estados Unidos alertó a la Policía Nacional de que se había utilizado la dirección IP –el número que identifica a cada dispositivo dentro de internet– de su cliente para compartir un único archivo de carácter pedófilo.Sin embargo, el abogado mantiene que otras personas pudieron entrar en la red wifi del acusado, bien porque accedieron a su domicilio, bien porque consiguieron la contraseña.

La defensa recordó que la Policía se llevó el ordenador y todos los dispositivos de almacenamiento de datos del piso del encausado y "nunca" se halló el archivo supuestamente compartido a través de internet. "Pero es que se examinaron 10.000 gigas de memoria y solo se encontraron 58 archivos –51 fotos y siete vídeos– borrados y formateados", dijo, reiterando que "estaban en un disco duro que perteneció antes a otra persona". Razones, todas ellas, por las que Rodríguez Burgués solicitó la absolución del encausado.

Pero no comparte sus argumentos la Fiscalía, que apoyándose en el atestado de la Jefatura Superior de Aragón mantuvo la petición de cárcel para el fotógrafo. Según declaró el responsable de las pesquisas, "para compartir el archivo en el que aparece un adulto abusando de una menor, el acusado accedió a una plataforma de internet, creó lo que se denomina una ‘sala de chat’ y compartió el material con otros usuarios".

Durante su declaración, el investigado dijo que tenía contactos sexuales esporádicos en su domicilio con desconocidos y que algunos le pidieron la clave de su wifi, por lo que podrían haber aprovechado para subir el archivo. Sin embargo, la Policía considera "poco coherente" esta versión, puesto que el acusado tenía contraseñas para todos sus dispositivos."Y si tomaba tantas precauciones, no tiene sentido que le diera la clave a cualquiera", señaló.

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