Los retrasos en la licitación del contrato de parques y jardines que ahora se resuelve han obligado a la concesionaria, FCC, a prestar el servicio mediante reconocimiento de obligaciones, es decir, cobrando el coste real de las labores realizadas. Sin embargo, los pagos han sido motivo de discordia entre la empresa y el anterior gobierno municipal de ZEC, que llegó incluso a bloquearlos al considerar que las facturas estaban infladas.

Finalmente, el exconcejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ordenó pagar un millón al mes, cuando las facturas eran algo superiores. Como consecuencia, el nuevo gobierno PP-Cs se ha encontrado con una deuda a saldar con FCC de 800.000 euros por los últimos cuatro meses del año pasado.

No solo eso, sino que tampoco se habían revisado –y en consecuencia, abonado– las facturas de febrero, marzo y abril de este 2019, lo que ha obligado a los técnicos a realizar la tarea estas últimas semanas. Las dos primeras ya se han cotejado y han sido aceptadas, y se está procediendo con la tercera.

Para la nueva concejal del área, Natalia Chueca, «lo que ha hecho Cubero es una irresponsabilidad brutal dejando otro agujero económico muy importante en las cuentas de 2018 e incumpliendo su obligación de revisar las facturas de la contrata». A juicio de la edil del PP, este problema «es la constatación del desastre que ha sido el gobierno anterior con su política de confrontación sectaria al coste que fuera y que solo ha generado perjuicios a las arcas municipales y problemones como este que ahora le toca afrontar a otros».

Para evitar intereses

En cambio, Cubero defiende que la revisión de las facturas emitidas por FCC durante el reconocimiento de obligaciones «evidenció que las estaban inflando», un extremo que siempre ha negado la empresa. El exedil defiende que la concesionaria «quería cobrar 1,3 millones al mes» y con la labor de inspección de ZEC «bajaron de nuevo al millón habitual», asegura el anterior responsable.

Por ello, Cubero tomó la decisión de abonar únicamente un millón, aunque paralelamente se revisaran al detalle las facturas. «Así evitábamos el pago de intereses, fue la decisión más adecuada económicamente hablando», asevera.