tribunales en zaragoza

La trama del cáncer ideaba una fundación para ganar "mucha pasta" y "dar el gran salto"

Las escuchas telefónicas de la Policía destaparon los planes de los investigados, que estaban montando una fundación para poder decir a los donantes que podrían desgravarse el dinero que les entregaban.

Los dos detenidos que quedaron libres (a la izquierda) entregaron ayer sus pasaportes a la juez.
Los dos detenidos que quedaron libres (a la izquierda) entregaron ayer sus pasaportes a la juez.
Heraldo.es

Según la Policía, el negocio de los donativos había reportado a los investigados de la Operación Andes 5 millones de euros en 5 años. Sin embargo, las escuchas telefónicas han permitido saber que los encausados querían incrementar los ingresos y para ello estaban montando una fundación. ¿Por qué? Porque, como se trasluce de las conversaciones que mantenía el presunto cerebro de la trama, Roberto Pérez, con sus subordinados, la gente y las entidades que donaban dinero –tanto para la Liga Nacional Contra el Cáncer Infantil como para Bomberos Unidos Sin Fronteras– querían poder desgravarse esas ayudas. Y para ello se necesitaba poder canalizarlas a través de una fundación.

"Tenemos que ver cómo avanzamos con la fundación (...) para que la gente nos dé mucha pasta o se desgraven", le decía David C., uno de los investigados en libertad a Pérez. "El nombre (de la fundación) nos va a servir para todo, para productor, donaciones, para todo", le contesta. "Hemos peleado mucho para conseguir esto y nos va a hacer dar el gran salto", replica David C.

El administrador y representante legal de la sociedad Bomberos Unidos Gestión Pymes, José Luis G. G., declaró ayer ante la Policía Nacional como sexto investigado por la presunta trama fraudulenta del cáncer infantil. Lo hizo en calidad de detenido y asistido por un abogado pero, tras mostrarse colaborador y responder a todas las preguntas de los investigadores, quedó en libertad y pudo abandonar las instalaciones de la Jefatura Superior de Aragón, en el paseo de María Agustín de Zaragoza.

«Tenemos que ver cómo avanzamos con la fundación (...) para que la gente nos dé mucha pasta o se desgraven»

Cuando se produjo la detención de los otros cinco encausados, José Luis G. G. estaba en las Islas Canarias, por lo que la Policía contactó con él para advertirle de que sería citado como investigado. Durante el interrogatorio de ayer, este quiso dejar claro que Linceci y la sociedad que él dirige son totalmente independientes. En cualquier caso, la Policía constató que ambas compartían sede y parece que incluso empleadas. Además, Bomberos Unidos Gestión Pymes captó más de 3,1 millones de euros en donativos para supuestas víctimas de tragedias naturales.

Se centralizarán las denuncias

El jefe superior de la Policía en Aragón, Juan Carlos Hernández Muñoz, explicó ayer que van a centralizar todas las denuncias que se produzcan en España relacionadas con la Operación Andes para entregarlas en el juzgado y facilitar su trabajo. En declaraciones a los medios de comunicación, coincidiendo con la jornada de cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer, Hernández confirmó que este jueves se tomó declaración a un sexto investigado y aclaró que "si bien el meollo de la investigación está resuelto, quedan flecos que hay que ir terminando". Juan Carlos Hernández Muñoz recordó que "puede haber más investigados, imputados o detenidos".

El responsable de la Policía Nacional expresó su alegría por "haber librado de un posible cáncer a las asociaciones legales", recordando que mucha gente estaba donando dinero "de buena fe y se perdía". Insistió también en la necesidad de que los recursos los canalicen las asociaciones que «verdaderamente lo van a emplear para la función que tiene, que es la investigación y el tratamiento de enfermos de cáncer".

Según el jefe superior, ellos no han recibido todavía ninguna denuncia de las trabajadoras del ‘call center’ que explotaban en el Actur tanto Linceci como la sociedad Bomberos Unidos Gestión Pymes.  No obstante, muchas de las 40 empleadas ya han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y esperan que alguien de la empresa, voluntariamente o por mediación judicial, las despida y puedan buscarse otro empleo o acceder al paro. Todos los días van al puesto de trabajo pero las oficinas están cerradas.

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